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Por Daniela Romero
En la Casa Rosada quieren acelerar el tratamiento en comisiones del proyecto de “Principio de Inocencia Fiscal” que conforma la Fase II del plan para inyectar los “dólares debajo del colchón”, pero en el Congreso se demora la convocatoria porque aún no tienen firmas para el despacho de comisión.
El proyecto ingresó la semana pasada con el diputado y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, a la cabeza del anuncio en la Casa Rosada. Acompañó al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, para dar precisiones sobre el plan y pedirle al Congreso que dé luz verde para que “los argentinos sean libres y normalicen su situación patrimonial”.
Dicha iniciativa tiene giro a las comisiones de Presupuesto; Legislación Penal y Legislación General, dirigidas también por la diputada del PRO, Laura Rodríguez Machado y el libertario Santiago Santurio. Necesitan 25, 16 y 16 respectivamente para el despacho de comisión; en total son 57. El Gobierno requiere juntar ese número de firmas aunque sean adhesiones en disidencia.
Fuentes de Balcarce 50 aseguraron a El Cronista que la idea es apurar el tratamiento la semana que viene y avanzar directamente con el dictamen; pero en el oficialismo parlamentario son escépticos con esta hoja de ruta, puesto que hay varios frentes abiertos con la oposición que pueden imposibilitar las firmas.
La primera cuestión tiene que ver con que hay dos feriados que aseguran un vacío en el Congreso, puesto que la mayoría de los diputados difícilmente viajen a la Ciudad de Buenos Aires desde sus provincias. A su vez, el martes el foco estará puesto en la detención de Cristina Kirchner, ya que para entonces se vencerá el plazo para que se presente ante el tribunal y eso garantiza además la ausencia de los diputados de Unión por la Patria. En Presupuesto hay 20; Legislación Penal hay 13 y Legislación General hay 12.
De hecho, en el Congreso la agenda de esta semana se suspendió por el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Hubo una excepción que no fue casual: la reunión de Asuntos Constitucionales para debatir la reforma de la Auditoría General de la Nación (AGN). Se trata de la piedra en el zapato del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien intentó hoy avanzar con su dictamen para así despejar el terreno de la avanzada opositora que orquesta Encuentro Federal con UP para designar a Emilio Monzó y a Juan Forlón frente al órgano de control externo.
“Sin AGN no podemos hablar de Plan Colchón”, había advertido en diálogo con El Cronista una fuente al tanto de la negociación. En el Gobierno, de hecho, tienen en carpeta acelerar su ampliación con un DNU de no conseguir aprobar el proyecto de Menem en Diputados, o el del peronista José Mayans en el Senado, para poder destrabar esa cuestión.
El objetivo es conseguir bloquear la maniobra de Monzó/UP para poder abrir el recinto sin sudar con que le metan por la ventana la votación de los miembros de la Auditoría: lo mejor para ellos va a ser que el tema directamente quede paralizado hasta después de las elecciones, pero la amenaza constante los acorrala.
El dictamen no prosperó por una sola firma. En ese sentido, fue clave la ausencia de la diputada Margarita Stolbizer, quien defiende la postulación de su compañero de bloque Monzó y tiene su propio proyecto para reglamentar la Auditoría. Los que sí firmaron fueron los libertarios, el PRO, la tucumana Paula Omodeo del monobloque creo, la Coalición Cívica e Innovación Federal.
Este escenario con la oposición resulta difícil para el oficialismo avance con sus propias iniciativas. “Estamos atajando otros quilombos aún”, frenan desde La Libertad Avanza, ante la posibilidad de confirmar una pronta convocatoria de las comisiones. Los que quedaron a cargo del tratamiento son Espert y Menem, ya que en la Casa Rosada no buscarán intervenciones de ministros o de otros funcionarios para negociar la aprobación de Inocencia Fiscal.
“Esto es día a día”, dicen en el oficialismo. La intención de Menem es acelerarlo lo antes posible, pero actúa precavido para no pegarse un tiro en el pie con un dictamen fallido.
En el Gobierno, de todos modos, mantienen la tranquilidad de que los 16 gobernadores que ya adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias ratificarán su apoyo en el Congreso vía sus legisladores, por lo que creen que una vez habilitado el tratamiento podrán aprobar el proyecto.
El desafío estará en las comisiones, donde hay opositores con intereses cruzados que podrían obstaculizar el tratamiento, especialmente si el Gobierno tiene como plan que pase como por un tubo, sin modificaciones.
Fuente El Cronista
