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Buenos Aires, 12 de junio-Total News Agency-TNA–El caso de Cecilia La Greca, una empleada sin formación universitaria que percibe un salario mensual superior a los \$6 millones en Vialidad Nacional, encendió las alarmas sobre los mecanismos de designación y ascenso en la administración pública. Su situación, lejos de ser un hecho aislado, pone en evidencia una cultura institucional donde las relaciones personales parecen pesar más que la idoneidad, la ley y el sentido común.
La Greca ingresó a la estructura como secretaria administrativa sin contar con un título de grado, pero fue escalando posiciones y remuneraciones de manera llamativa. Actualmente reviste en un cargo jerárquico técnico, categoría que según los estatutos internos debería estar reservada a profesionales con carrera universitaria afín y experiencia comprobada. Nada de eso figura en su legajo.
Este caso plantea interrogantes sobre la transparencia en los nombramientos y la utilización de fondos públicos, ya que se trata de una remuneración millonaria en un organismo clave del Estado. La situación fue denunciada internamente, pero las respuestas oficiales brillan por su ausencia.
Desde el entorno de Vialidad Nacional no se ofrecieron explicaciones sobre el mecanismo que permitió esta designación ni sobre los controles que deberían garantizar el cumplimiento de los requisitos básicos para cargos técnicos. A su vez, voces sindicales advirtieron que hay más casos similares en otras dependencias del organismo.
En un contexto económico delicado y con una creciente demanda por parte de la sociedad de mayor transparencia en el Estado, el caso de La Greca se vuelve paradigmático: expone una matriz de poder enquistada, que privilegia la lealtad política o los vínculos personales por sobre la capacitación y la legalidad.
Este nuevo escándalo vuelve a poner el foco sobre la necesidad de una reforma integral del empleo público que asegure concursos, formación, control y equidad, en lugar de privilegios para unos pocos.
