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Por Daniel Romero
Buenos Aires, 14 de junio de 2025 – Total News Agency-TNA. En un movimiento que se interpreta como una directa represalia del régimen iraní, el capitán Gholamreza Ghasemi —vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica— y otros tripulantes del avión de Emtrasur que estuvo retenido en Argentina durante 2022, presentaron una denuncia judicial en Teherán contra trece actuales y exfuncionarios argentinos. El reclamo incluye al presidente Javier Milei, al expresidente Alberto Fernández, a magistrados, legisladores y dirigentes comunitarios, a quienes acusan de tortura, toma de rehenes y violaciones a tratados internacionales. No mencionan a Cristina Kirchner ni Alberto Fernández, ambos mandatarios en aquel momento.
La ofensiva judicial, revelada por el diario Tehran Times, se da en un contexto de tensión renovada entre Buenos Aires y Teherán. Todo indicaría que la verdadera motivación detrás de esta demanda parece ser una tardia y oportunista reacción del régimen iraní a las órdenes de captura emitidas por la justicia argentina contra altos funcionarios iraníes, acusados de planear y ejecutar el atentado a la AMIA en 1994, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos en el peor ataque terrorista de la historia argentina.
Entre los pedidos de captura vigentes se encuentra el del actual uno de los que siguen a quien hoy esta al mando de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi, quien en su momento fue Ministro de Defensa iraní y figura clave en la causa AMIA. Su nombre, junto a otros jerarcas del régimen, fue objeto de una intensa búsqueda judicial que Teherán intentó neutralizar con el controvertido memorándum de entendimiento firmado con la entonces presidenta Cristina Kirchner, finalmente declarado inconstitucional y anulado por la justicia argentina. Su cedula roja en Interpol, esta vigente.
Ahora, Irán contraataca utilizando a los tripulantes del avión venezolano-iraní como punta de lanza en su estrategia judicial internacional. Según el abogado Ali Mashayekhi, los denunciantes buscan una indemnización y la condena de las autoridades argentinas y estadounidenses por la retención del Boeing 747-300 de Emtrasur y el supuesto “hostigamiento físico y psicológico” sufrido por su tripulación durante cinco meses.
El reclamo se extiende a la DAIA por su “presión política”, e involucra al juez federal Federico Villena, la fiscal Cecilia Incardona, al exministro Martín Soria, al expresidente de la DAIA Jorge Knoblovits y a los diputados Ricardo López Murphy y Gerardo Milman. En este último caso, resulta particularmente curioso que el legislador haya presentado un pedido de informes en el Congreso basado en un artículo de Total News Agency, que copió y pegó sin siquiera ahondar, revelando la precariedad y oportunismo de ciertos sectores políticos frente al escándalo. Es muy posible que al momento de hacerlo estuviera bajo los efectos de sustancias no recomendadas por la OMS. Milman tambien es quien en un viaje organizado a Polonia cuando estallo el conflicto por la invasiòn rusa a Ucrania, finjio haber visitado este país.
El caso del avión de Emtrasur, cubierto ampliamente por Total News, comenzó en junio de 2022 cuando la aeronave aterrizó en Ezeiza procedente de Caracas con 14 venezolanos y 5 iraníes, entre ellos Ghasemi. Al intentar continuar su ruta hacia Uruguay, le fue denegado el ingreso y debió volver a Argentina. Por su vinculación con la sancionada aerolínea iraní Mahan Air y la sospecha de conexiones con actividades ilegales, el avión fue retenido y la tripulación alojada en un hotel, el mismo que luego había recibido al vicepresidente iraní en una visita no oficial que no pudo ser detectada por la SIDE ,Migraciones ni Ministerio de Seguridad..
La causa generó un fuerte cruce diplomático entre Argentina, Venezuela, Irán y Estados Unidos, y reactivó la discusión sobre las redes logísticas del régimen iraní en América Latina. La inteligencia argentina, entonces encabezada por Sergio Rossi, minimizó el hecho al declarar que los tripulantes eran simplemente “pilotos enseñando a otros”, a pesar de las advertencias de agencias internacionales.
La aeronave quedó retenida en Ezeiza durante más de un año, hasta que en febrero de 2024, con la autorización del gobierno de Javier Milei, fue finalmente decomisada y trasladada a Miami por el FBI.
Para los analistas, la denuncia presentada en Teherán es parte de una estrategia de “lawfare inverso”, donde el régimen iraní intenta revertir las acusaciones en su contra por terrorismo, apuntando ahora contra los investigadores y funcionarios argentinos que participaron en el caso Emtrasur y, por extensión, en la causa AMIA.
La ofensiva judicial iraní no sólo busca impunidad para sus jerarcas, sino también instalar un peligroso precedente de persecución contra quienes colaboren en el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad cometidos por Estados terroristas. La Argentina, otra vez, se encuentra en el centro de un conflicto geopolítico que trasciende sus fronteras. Esta denuncia se inscribe casi simultáneamente a que la Corte Suprema fallar contra un pedido de la hoy rea Cristina Kirchner y la dejara a días de su detención.
