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Buenos Aires, 15 de junio de 2025 – Total News Agency-TNA-El martes a las cinco de la tarde, Cristina Fernández de Kirchner se despidió del despacho que ocupó durante años en la sede del Partido Justicialista, en la calle Matheu 130. Se retiró del tercer piso con un gesto solemne, consciente de que no volvería a sentarse allí durante, al menos, los próximos seis años. Afuera, militantes de La Cámpora agitaban banderas, insultaban a Javier Milei, a Mauricio Macri y a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, al grito de “proscripción”. En el interior del edificio, el clima era de tensión contenida y creciente incertidumbre. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que algo definitivo estaba por ocurrir.
Veinte minutos más tarde llegó la confirmación: la Corte Suprema de Justicia, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta, en el marco de la causa por administración fraudulenta al Estado en la adjudicación de obra pública. La decisión fue inmediatamente replicada en los teléfonos de los principales dirigentes del peronismo y alcanzó a Cristina mientras permanecía acompañada por su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner; el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Mena; y su secretario privado, Mariano Cabral.
La escena, reconstruida por el periodista Santiago Fioriti en Clarín, fue silenciosa e íntima: tras el abrazo entre los presentes, Cristina tomó aire, se recompuso y salió del despacho para enfrentar a la dirigencia que se había reunido allí. Colaboradores, intendentes, diputados y ex funcionarios la rodearon, muchos entre lágrimas. Ella no lloró. “Está hecha de otra sangre”, murmuró uno de sus seguidores. Luego se retocó el maquillaje, uno de los pocos rituales personales que no abandona, y se dispuso a hablar con la militancia congregada en la vereda.
Rechazó salir al balcón. Bajó por las escaleras y se plantó en la puerta del PJ junto a Máximo y Alicia Kirchner. Desde allí, arremetió con dureza contra los jueces del máximo tribunal, a quienes calificó de “monigotes”, y denunció que en la Argentina “se ha instalado un cepo al voto popular”. No hizo mención alguna a los cargos por los que fue condenada ni a las pruebas que la Justicia recopiló durante años. En ninguna de sus intervenciones, ni frente al Tribunal Oral Federal 2 ni en esta última aparición, ofreció una defensa sobre los hechos: “preguntas tienen que contestar ustedes”, desafió tiempo atrás a los jueces. En cambio, la Justicia lo hizo con pruebas contundentes, a través de dieciséis magistrados que la encontraron culpable del desvío millonario de fondos públicos.
Tras el discurso, Fernández de Kirchner se trasladó al departamento de San José 1111, en el barrio de Constitución, donde sus abogados solicitaron que cumpla la condena bajo prisión domiciliaria, amparándose en la legislación que prevé ese beneficio para mayores de 70 años. Todo indica que la ex mandataria permanecerá allí, aunque su entorno evalúa cómo convertir esa residencia en un posible centro de operaciones políticas.
El lugar, sin embargo, se ha transformado rápidamente en un santuario militante. Vendedores ambulantes instalaron puestos de choripanes y fernet, la zona permanece agitada incluso pasada la medianoche y la presencia de militantes genera preocupación en el Ministerio de Seguridad. Desde la cartera que conduce Patricia Bullrich se habría sugerido que Cristina se traslade a otro domicilio más discreto, lejos del centro porteño.
Antes del fallo, dirigentes peronistas como el senador Mariano Recalde y varios intendentes del conurbano bonaerense habían ofrecido alternativas: quintas alejadas, propiedades en Río Gallegos o incluso El Calafate. Pero la respuesta de Cristina fue tajante: “Me quieren ver muerta, pero no les voy a dar el gusto”. No tiene intención alguna de retirarse de la vida pública. Al contrario: sus apariciones en el balcón, sus discursos y hasta sus gestos son leídos por ella misma como parte activa de una estrategia política.
La defensa legal de Cristina también solicitó que se le exima del uso de tobillera electrónica, y que no se le retiren los 150 custodios que la protegen. “Quieren mi foto esposada —les dijo a sus abogados—. Buscan esa imagen para humillarme. No permitan el show”. La preocupación central de la ex presidenta es la posibilidad de ser trasladada a Comodoro Py, de ser fotografiada detenida o de pasar una noche en una alcaidía, escenarios que considera humillantes.
El jueves se desarrolló una jornada de intensas negociaciones. Enviados del kirchnerismo se reunieron con funcionarios judiciales —entre ellos, el secretario general de la Cámara de Casación Federal— con el objetivo de evitar el traslado y realizar todos los trámites en el departamento de Constitución. El Gobierno nacional se enteró de esas gestiones y, según trascendió, la ministra Bullrich no se opondría si se logra evitar posibles focos de violencia.
El temor se incrementó tras los incidentes del martes a la noche, cuando militantes atacaron el hall de los canales TN y Canal 13, dañaron vehículos —incluido el auto de una vestuarista— y provocaron destrozos. En ese contexto, la posibilidad de un “linchamiento mediático” fue otro de los argumentos que la defensa presentó ante los tribunales para pedir un tratamiento especial, aunque desde la justicia se advierte que Cristina debe recibir el mismo trato que cualquier condenado.
Mientras tanto, el peronismo se reorganiza. Para el próximo miércoles, está prevista una marcha desde Constitución a Comodoro Py, convocada por gobernadores, gremios, intendentes y organizaciones sociales. La movilización podría ser desactivada si finalmente se acepta que el trámite de notificación de detención se haga por Zoom.
El futuro del Partido Justicialista también queda en entredicho. Por la condena, Cristina será expulsada del padrón, lo que le impide continuar al frente del partido. No obstante, su intención sería seguir manejando la estructura desde las sombras. Esto podría generar tensiones con el gobernador Axel Kicillof, quien se perfilaba para disputar el control de las listas bonaerenses. La eventual postulación de Máximo Kirchner —con quien Kicillof mantiene una disputa soterrada— es otro elemento que amenaza con fracturar al espacio.
El efecto político de la condena aún es incierto. En el kirchnerismo se ilusionan con que la figura de Cristina, incluso detenida, funcione como centro aglutinador del peronismo en las elecciones de septiembre y octubre. Alimentan la narrativa de que ha sido “proscrita” por una conjunción de intereses fácticos, judiciales y políticos que buscan apartarla de la competencia electoral. El mito ya está en construcción.
