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Por Daniel Romero
Buenos Aires, 15 de junio de 2025 – Total News Agency-TNA–El eventual cumplimiento de la condena a prisión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su departamento del barrio porteño de Constitución ha desatado una creciente polémica. Mientras la Justicia evalúa autorizar el arresto domiciliario en su vivienda de la calle San José al 1111, funcionarios del Gobierno, vecinos y referentes sociales advierten que no se trata de una opción ni segura ni razonable.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, manifestó este domingo su preocupación ante la posibilidad de que Cristina Kirchner continúe protagonizando manifestaciones públicas, incluso bajo arresto. “Que le den arresto domiciliario es una cosa; que salga al balcón a saludar militantes, como si estuviera en campaña, es otra muy distinta”, declaró en diálogo con Radio Mitre. Para el funcionario, este tipo de conductas “pueden generar malestar en el barrio” y desnaturalizar el cumplimiento efectivo de una pena judicial.
La presencia de simpatizantes kirchneristas en inmediaciones del domicilio ha sido constante desde la ratificación de su condena por corrupción en la Causa Vialidad. La situación genera inconvenientes a los vecinos de la zona, quienes no tienen por qué convivir con cortes de calle, cantos partidarios o posibles disturbios por la presencia de fanáticos. A esto se suma una alerta mayor: el edificio en cuestión no solo no está preparado para alojar a una detenida de alto perfil, sino que además representa un riesgo para su propia seguridad. En caso de un hipotético atentado, resultaría extremadamente sencillo para un atacante posicionarse en cualquiera de los departamentos ubicados en frente, con solo tomar uno de ellos.
Cabe señalar que permitirle cumplir condena en su departamento porteño implicaría un privilegio inmerecido. Condenada por sustraer recursos del Estado durante su gestión presidencial, Fernández de Kirchner no debería gozar del honor institucional que implica una custodia oficial, ni recibir trato especial alguno. Robar al Estado es robarle a todos los argentinos. Ese solo hecho invalida cualquier pretensión de distinción. Si debe tener custodia, debe ser del Servicio Penitenciario, no la de hoy día a cargo de su intimo amigo, el comisario Daniel Carbone.
Otra alternativa que debería considerarse seriamente es su tras lado El Calafate, localidad donde tiene fijado su domicilio legal y donde, de hecho, cobró un plus jubilatorio durante años por residir en zona patagónica. Cumplir arresto domiciliario allí evitaría exponer innecesariamente a los vecinos porteños, permitiría un control más adecuado por parte de las fuerzas federales, y alejaría a la exmandataria de los focos urbanos donde su presencia sigue generando tensión política y social y le permitiría cumplir con lo ordenado en la sentencia que es no participar en actividades políticas y a su vez recapacitar sobre sus delincuenciales conductas.
Cristina Kirchner deberá comparecer este miércoles ante el Tribunal Oral Federal N.º 2 en los tribunales de Comodoro Py. Allí se definirá si se le concede el arresto domiciliario, en qué condiciones y en qué lugar deberá cumplir los seis años de prisión impuestos por la Justicia. Desde el Ejecutivo aseguran que garantizarán su seguridad, pero también que respetarán la autonomía judicial. “La Justicia está funcionando y eso demuestra que no hubo ningún pacto de impunidad con este Gobierno”, aseguró Francos.
Mientras tanto, la discusión pública crece: ¿puede una expresidenta condenada por corrupción permanecer en su departamento de la capital, como si fuera una ciudadana ejemplar? ¿O corresponde, como en cualquier estado de derecho, que cumpla su pena con la dignidad y la severidad que exige la ley?
