Argentina
España
USA
IsraelEl Ministerio de Hacienda ha aceptado actualizar las entregas a cuenta a comunidades autónomas y ayuntamientos con medio año de retraso. Lo hará en pleno escándalo por el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE. Las Comunidades Autónomas y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), ya habían reclamado formalmente a la ministra del ramo y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que desbloqueara la financiación de los territorios. Los que tienen más déficit, como es el caso de la Comunidad Valenciana, llevan semanas teniendo dificultades para pagar a sus proveedores. Pero el Ejecutivo se había negado, hasta ahora.
El Gobierno intentó actualizar las entregas a cuenta al inicio del año a través del decreto ómnibus que fue tumbado por el Congreso de los Diputados. Esa tramitación generó mucha polémica, porque también incluía la revalorización de las pensiones o la prórroga de las ayudas al transporte público. Finalmente, el Ejecutivo llegó a un acuerdo con Junts para salvar algunas partes de este acuerdo, pero las entregas a cuenta se quedaron fuera.
Desde ese momento, el mes de enero, la oposición viene reclamando al Gobierno que apruebe la actualización de las entregas a cuenta en un real decreto-ley exclusivo. Esto es, sin que cuele otras medidas que la oposición no acepta. La vicepresidenta Montero había rechazado sistemáticamente esta posibilidad hasta hoy. En una entrevista en Radio Nacional, ha anunciado que elevará este mismo martes al Consejo de Ministros la actualización de las entregas a cuenta en un real decreto-ley, tal y como reclamaba la oposición.
El gráfico que desmonta lo que creíamos saber de la infrafinanciación autonómica
Javier Jorrín
“A ver si ahora el Partido Popular cambia de opinión y le da oxígeno a las comunidades autónomas y ayuntamientos que necesitan ese oxígeno”, ha reprochado Montero. La cuantía no es menor. Los presidentes autonómicos del Partido Popular ya reclamaron la actualización de las entregas a cuenta en la conferencia de presidentes celebrada hace dos semanas y calcularon que el Estado le debe cerca de 20.000 millones a los territorios.
El motivo es que los presupuestos generales suman ya dos prórrogas consecutivas (los últimos que se aprobaron fueron los de 2023) en unos años en los que la recaudación ha crecido mucho. Además, la FEMP calcula que los ayuntamientos tendrán que recibir unos 5.000 millones de euros adicionales.
El Gobierno ha decidido actualizar las entregas a cuenta en un momento crítico para el Ejecutivo. El PSOE se encuentra en una situación límite por los presuntos casos de corrupción que afectan a la cúpula del partido, por lo que necesita tomar iniciativa política y estrechar lazos con los partidos que propiciaron la investidura de Pedro Sánchez, en especial, los catalanes. Esta medida iría en línea con ambos objetivos.
Hacienda cerca al mundo cripto con una ola de inspecciones y la amenaza de multas
Óscar Giménez
Las comunidades y ayuntamientos gobernados por la izquierda o por partidos catalanes, recibirán una importante cuantía de recursos si finalmente se tramita este RDL, por lo que tendrían un incentivo para cerrar filas con el Gobierno y prolongar la legislatura hasta su aprobación definitiva. Algunos alcaldes socialistas han salido en los últimos días a pedir un adelanto electoral, lo que supone un duro golpe para Ferraz.
Para los partidos independentistas catalanes, esta medida es clave. De hecho, a finales de mayo Esquerra Republicana anunció que había alcanzado un acuerdo con el PSOE para desbloquear las entregas a cuenta de los ayuntamientos. En el caso de Cataluña, esta actualización implica un pago de 560 millones de euros a los municipios. Sin embargo, desde que ERC anunció el acuerdo, el Gobierno no había vuelto a abordar el tema, hasta ahora.
El Gobierno se guardaba esta zanahoria para conseguir alguna cesión del Partido Popular. Hacienda era consciente de las dificultades de algunos presidentes populares en sus comunidades autónomas sin la actualización de las entregas a cuenta, por lo que podría intercambiarlas a cambio de alguna otra medida. Sin embargo, ahora las prioridades del Ejecutivo son otras, básicamente, seguir sobreviviendo a los escándalos de corrupción.
Fuente El Confidencial
