Tras la ratificación de la condena en la causa “Vialidad” por parte de la Corte Suprema de Justicia, la estrategia de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner intentará girar hacia el escenario internacional.
Se iniciará así un nuevo capítulo en la saga judicial que está marcando a fuego estas horas de la política argentina, que incluye la movilización que promete el kirchnerismo para el miércoles próximo, día previsto para que Cristina se presente, ya con la condena a prisión en firme, a los tribunales de Comodoro Py.
El abogado de la expresidenta, Alberto Beraldi, volvió a confirmar que el caso de la expresidenta será presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La defensa sostiene que el proceso judicial en Argentina estuvo “viciado de irregularidades”, calificando la actuación de la Corte Suprema como “grotesca” y confiando en que se podrá revertir la situación.
La ofensiva legal no se detendrá en la CIDH. Gregorio Dalbón, otro de los letrados de la exmandataria, había anticipado previamente a través de sus redes sociales que la estrategia incluirá presentaciones ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. Objetivo: agotar todas las vías posibles fuera del país.
La propia legislación argentina, a través del nuevo Código Procesal Penal Federal en su artículo 366, inciso f, contempla la intervención de la CIDH como una de las causales que podrían, eventualmente, llevar a la revisión de una condena firme.
Sin embargo, las probabilidades de que un planteo de esta naturaleza prospere son consideradas remotas por la mayoría de los especialistas en esta materia. Hasta el mismo Eugenio Zaffaroni, exjuez de la Corte Suprema de la Nación y de pública empatía ideológica con el kirchnerismo, lo ha reconocido. Hay que recorda que este exjuez integró ese tribunal interamericano durante cuatro años.
El principal obstáculo -han publicado distintos diarios nacionales como La Nación, entre otros medios- radica en que la CIDH no funciona como una cuarta instancia judicial para revocar sentencias de tribunales nacionales, sino como garantía para que los Estados miembros, como la Argentina, cumplan con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al que suele llamarse Pacto de San José de Costa Rica.
Se supone que si la Corte Interamericana verificara que no se cumplió con ese acuerdo, podría ordenar al Estado argentino a aplicar “medidas reparatorias”. A pesar de que Argentina otorgó rango constitucional a este tratado en el año 1994, hay un precedente clave que no parece favorecer a la expresidente.
Antecedentes que pesan
En 2018, en el marco del caso “Fontevecchia”, la Corte Suprema de Justicia argentina se negó a acatar un fallo de la CIDH que le ordenaba revocar una sentencia propia. El máximo tribunal argumentó que cumplir dicha orden transformaría a la corte internacional en una “cuarta instancia”, excediendo las obligaciones asumidas por el país.
Aquel fallo fue firmado por los actuales ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, quienes todavía integran el tribunal. La única disidencia provino de Juan Carlos Maqueda, quien defendió la obligatoriedad de los fallos de la CIDH, pero ya no es parte de la Corte.
La diferencia con el caso de Cristina es que su condena sí provino de “jueces competentes” en todas las instancias del poder judicial argentino. Más de una docena de magistrados intervinieron en el proceso, y ni uno solo de ellos consideró que fuera inocente del delito de fraude al Estado.
El kircherismo se moviliza por Cristina
Paralelamente a la batalla legal, el kirchnerismo organiza una contraofensiva política y mediática. Dalbón anunció el lanzamiento de una campaña internacional bajo el lema “Cristina Libre”, inspirándose en la estrategia del actual presidente de Brasil, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, cuya condena fue finalmente anulada.
En las calles, el respaldo se reflejará con una movilización que se anticipa multitudinaria para pasado mañana. La militancia planea acompañar a la exmandataria a los tribunales de Comodoro Py, “en una muestra de fuerza y apoyo incondicional”, con la esperanza de que se le conceda la prisión domiciliaria.
Figuras clave del espacio, como la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, han asegurado en las últimas horas que escoltarán a Cristina Kirchner “donde esté”, transformando la consigna en una promesa de “presencia constante”. La convocatoria busca demostrar que, más allá del veredicto judicial, la expresidente todavía conserva gran parte de su capital político.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.
Fuente Mendoza Today
