La Cámara de Senadores de Mendoza le dio sanción definitiva al proyecto que habilita a los municipios a utilizar armas Taser de baja letalidad, encendiendo un nuevo capítulo en el debate sobre la seguridad en la provincia.
La ley, impulsada por el propio gobernador Alfredo Cornejo, establece un marco regulatorio para los cuerpos de Seguridad Ciudadana, permitiéndoles capacitar a sus agentes para el uso de pistolas Taser, bastones, aerosoles disuasivos y pistolas de aire comprimido.
La iniciativa fue aprobada por 20 votos afirmativos contra 17 negativos, revelando una clara polarización política.
La polémica normativa, que prohíbe expresamente el uso de armas de fuego por parte de estos agentes, fue acompañada por dos senadores de la oposición: Duilio Pezzutti (Podemos Encuentro Peronista) y Armando Magistretti (Partido Demócrata), lo que generó sorpresa y marcó una grieta dentro del frente opositor.
Entre los requisitos establecidos, el Ejecutivo provincial determinó que el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) será el encargado de la formación integral de los agentes, incluyendo desde el manejo de estos dispositivos hasta resolución de conflictos, derecho administrativo y primeros auxilios.
Dura crítica opositora a las armas Taser: “Un mamarracho jurídico” y falta de fondos
La decisión legislativa desató un vendaval de críticas por parte del bloque peronista, que votó en contra en bloque. Desde el PJ, se denunció “improvisación”, “falta de recursos” y un supuesto “abandono” a los municipios por parte del Ejecutivo provincial.
El senador Mauricio Sat calificó el proyecto como un “mamarracho jurídico” que busca “diluir el fracaso del Ejecutivo en materia de seguridad”. Según Sat, la iniciativa intenta transferir responsabilidades a los municipios sin la planificación ni los recursos necesarios, lo que, a su juicio, viola principios constitucionales y la Ley de Seguridad Pública vigente. “¿De dónde saldría el presupuesto para eso?”, se preguntó Sat, citando el ejemplo de San Rafael, que debería incorporar más de 800 agentes para cumplir con la nueva norma.
Por su parte, el senador Félix González (PJ) manifestó su “rechazo a lo que calificó como una política errática, sin articulación con los municipios y sin un plan real de seguridad”.
Las críticas no solo vinieron del peronismo. Desde el PRO, el senador Gabriel Pradines también se sumó al coro de voces disidentes. Consideró que la iniciativa “demuestra que el Gobierno de Mendoza ha fracasado en la gestión de la seguridad en la provincia”. Y sentenció: “Después de 10 años, hay una crisis de gestión. Cualquier mendocino es consciente de la tremenda inseguridad que estamos atravesando”. Pradines no pasó por alto el espinoso tema del financiamiento: “Es una agravante que el proyecto pretenda que los municipios se ocupen del problema sin una transferencia de los fondos necesarios para su implementación”, remarcó.
Votos opositores que sorprendieron: ¿Apoyo o pragmatismo?
A pesar del fuerte rechazo general de la oposición, los votos a favor de los senadores Duilio Pezzutti y Armando Magistretti fueron clave para la aprobación.
Pezzutti justificó su apoyo con un llamado a la unidad: “Tenemos que lograr que tiremos todos para el mismo lado, para que podamos ponernos de acuerdo en uno o dos temas. Creo que este es uno clarísimo, y debemos actuar en consecuencia. Por eso, adelanto mi voto positivo en general y en particular”, expresó.
Por su parte, el demócrata Magistretti también dio su voto afirmativo, aunque no sin lanzar una serie de reparos que resonaron en el recinto. “Voy a acompañar el proyecto con el ánimo de que, de una vez por todas, el gobernador pueda terminar de redondear una política de Estado en materia de seguridad. A pesar de que la Legislatura permanentemente le brinda las herramientas necesarias, no logra convocar a las fuerzas políticas para construir esa política. Las leyes las aplican los funcionarios, y lamentablemente tengo que decir que en el área de seguridad hay funcionarios que no funcionan”, concluyó, dejando un mensaje directo a la gestión provincial.
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Fuente Mendoza Today
