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Buenos Aires, 24 de junio de 2025 – Total News Agency-TNA--El presidente Javier Milei vetó este martes la Ley 27.790, que declaraba la emergencia en los municipios bonaerenses de Bahía Blanca y Coronel Rosales y creaba un fondo especial de 200.000 millones de pesos para asistir a los damnificados por las inundaciones ocurridas el pasado 7 de marzo. El Gobierno justificó su decisión argumentando que ya había destinado fondos de esa magnitud mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado el 1° de abril.
Mediante el decreto 424/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Ejecutivo cuestionó duramente al Congreso y calificó la ley vetada como un intento de “hacer política con la tragedia”. La medida fue comunicada oficialmente por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que “casi tres meses después, la casta política pretende hacer política con la tragedia aprobando un proyecto que se superpone con los recursos ya transferidos”.
Adorni detalló que el Gobierno nacional ya había dispuesto una batería de medidas para asistir a la región afectada. Entre ellas, destacó una transferencia directa de 200.000 millones de pesos, una ayuda económica de 10.000 millones al municipio de Bahía Blanca, la implementación de tres líneas de financiamiento del Banco Nación, el envío de nueve vuelos con insumos y medicamentos, ambulancias, un hospital móvil y el despliegue de fuerzas federales que participaron en el rescate de 716 personas.
La ley vetada había sido impulsada por los senadores Juliana Di Tullio y Eduardo “Wado” de Pedro (Unión por la Patria) y el radical Maximiliano Abad. Fue aprobada por unanimidad en el Senado el 7 de mayo con 68 votos afirmativos, y luego en Diputados el 4 de junio con 153 votos a favor y 32 en contra, la mayoría de ellos pertenecientes a La Libertad Avanza. En ambos casos, la iniciativa superó holgadamente los dos tercios necesarios para su eventual insistencia legislativa, lo que deja abierta la posibilidad de que el Congreso revierta el veto presidencial si decide insistir en su sanción.
El Gobierno también cuestionó la norma por no establecer con claridad la fuente de financiamiento de los fondos dispuestos, lo que –según se argumenta en el decreto– contraviene el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera N.º 24.156, que exige especificar la procedencia de los recursos para gastos no contemplados en el presupuesto general.
Con esta decisión, el Ejecutivo reafirma su rechazo a toda iniciativa legislativa que implique incremento del gasto público sin respaldo presupuestario definido, en línea con su política de ajuste fiscal y combate a lo que denomina “la casta”. La controversia entre el oficialismo y el Congreso podría escalar en los próximos días si ambas cámaras deciden avanzar con la sanción definitiva de la norma.
