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Buenos Aires, 23 de junio de 2025 – Total News Agency-TNA–La Cámara Federal de Casación Penal expresó este martes su “más enérgica solidaridad” con el juez Mariano Borinsky, tras la aparición de una serie de publicaciones antisemitas, amenazas y expresiones de hostigamiento personal en redes sociales, producidas luego de la ratificación de la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “Vialidad”. No cabe duda que lo que se busca con estas amenazas, es aterrorizar al poder judicial de cara a los nuevos pronunciamientos que se vienen en diferentes causas por corrupcion, que acorralan a la ex Presidente Cristina Kirchner.
El pronunciamiento fue realizado durante el Acuerdo de Superintendencia de la Cámara, presidido por Daniel Petrone, y contó con el aval de los magistrados Diego Barroetaveña, Ángela Ledesma, Juan Carlos Gemignani y el propio Borinsky, quien participó a pesar de ser el principal afectado por la campaña de agresiones.
Según el comunicado del tribunal, las manifestaciones en la red social X (ex Twitter) incluyeron “amenazas directas, apología del delito, comparaciones gráficas con estereotipos nazis y asociaciones con mensajes de odio emitidos por el régimen iraní”. Las publicaciones, aún sin autor identificado, constituyen “flagrantes delitos de acción pública” motivados por el desempeño del juez en la función judicial y su pertenencia a la comunidad judía.
Borinsky fue uno de los camaristas que confirmó, en diciembre de 2024, la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner, en el marco del juicio por irregularidades en la adjudicación de obra pública durante su gobierno.
Ante la gravedad de los hechos, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se presentó como querellante en la causa y radicó una denuncia penal ante la justicia federal, solicitando se investiguen los delitos de amenazas, incitación al odio, apología del delito y violación de la Ley Antidiscriminatoria N° 23.592.
En su declaración institucional, la Cámara de Casación citó pronunciamientos de las Naciones Unidas sobre el aumento de los discursos de odio fomentados por redes sociales, señalando que “el uso de tecnologías de comunicación para propagar el antisemitismo pone en peligro la paz y erosiona la convivencia democrática”.
El caso de Borinsky no es el único. El juez Carlos Mahiques, también integrante de la Cámara, fue blanco de intimidaciones en su ciudad natal, Mercedes, donde aparecieron carteles con su rostro y los de sus hijos, Ignacio Mahiques (fiscal federal) y Juan Bautista Mahiques (Procurador General de CABA). Las amenazas, de tono personal y político, se inscriben en un clima de creciente hostigamiento contra jueces y funcionarios judiciales involucrados en causas sensibles al kirchnerismo.
En paralelo, otros ataques se dirigieron contra miembros de la Corte Suprema de Justicia. La organización La Cámpora, encabezada por el diputado Máximo Kirchner, publicó mensajes agraviantes en redes sociales contra el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, a quien calificaron de “mafioso y cagón”. También se registraron pintadas con advertencias amenazantes cerca de su domicilio, presuntamente realizadas por militantes identificados con el oficialismo, entre ellos un activista detenido con ocho celulares. La diputada Florencia Carignano fue señalada como promotora de estos hechos.
En tanto, el Partido Justicialista de Santa Fe calificó de “traidor” al juez Rosatti, mientras la diputada Vanesa Siley (La Cámpora) anunció que impulsará un nuevo pedido de juicio político contra los integrantes del máximo tribunal. La ofensiva incluye además publicaciones en redes con amenazas de incendio contra la vivienda del juez Ricardo Lorenzetti en la ciudad de Rafaela.
En el mismo contexto, se reavivó la polémica por los dichos del juez federal Alejo Ramos Padilla y su padre, Juan Ramos Padilla, quienes cuestionaron públicamente la legitimidad de la Corte Suprema. En tanto, sectores afines al kirchnerismo insisten en desacreditar las sentencias judiciales vinculadas a ex funcionarios y actuales referentes de la oposición.
Desde diversos espacios institucionales se advierte sobre la gravedad de estos ataques contra magistrados, en un clima de creciente confrontación política y judicial. La Cámara Federal de Casación instó a las autoridades competentes a actuar con firmeza ante los hechos denunciados, en defensa de la independencia judicial y del estado de derecho.
