Buenos Aires, 26 de junio de 2025 – Total News Agency‑TNA–Un grupo de diputados y senadores del bloque Unión por la Patria anunció hoy su intención de acudir a visitar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su arresto domiciliario sin solicitar autorización judicial previa, en abierta confrontación con el régimen de visitas impuesto por el Tribunal Oral Federal N°2.
En un escrito dirigido a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, los legisladores fundamentaron su actuar en el mandato conferido por el voto popular. Señalaron que concurrirán “sin previo aviso ni autorización” siempre que lo consideren necesario, dentro de su rol institucional y en defensa de “derechos fundamentales, equilibrios democráticos y garantías institucionales”.
Los visitantes permitidos sin autorización judicial incluyen únicamente a familiares, abogados, profesionales de la salud y custodios. El resto de los ciudadanos, incluyendo los legisladores, requiere una autorización especial. Ante esta limitación, los legisladores sostienen que “condicionar el acceso (…) vulnera el principio de división de poderes” y afecta su capacidad de representación.
El conflicto se enmarca en el recurso presentado por la defensa de Cristina Kirchner para ampliar el régimen de visitas, una causa que será debatida en una audiencia ante la Cámara Federal de Casación el próximo 7 de julio, fecha en que los jueces decidirán si mantienen o modifican las actuales restricciones. Una vez concluidas las exposiciones de las partes, el tribunal tendrá un plazo de cinco días para emitir su resolución.
Los legisladores sostienen que su visita se hará “en ejercicio legítimo” de sus funciones, sin intención de interferir en el proceso penal, y apelan a la inviolabilidad que confiere la investidura legislativa. Argumentan que en casos anteriores diputados y senadores visitaron a condenados sin requerir permiso previos .
La pulseada refleja tensiones institucionales: por un lado, el Poder Judicial defiende el control del régimen de detención domiciliaria; por el otro, el Congreso reclama el respeto hacia la función del legislador electo en el marco de un conflicto con impacto político y simbólico.
El resultado de la audiencia del 7 de julio será crucial para establecer los límites de la representación política ante restricciones judiciales a la intimidad y el accionar institucional de un mandatario electo, aunque bajo condena penal.
