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Buenos Aires, 26 de junio de 2025 – Total News Agency‑TNA-La eliminación del asueto oficial por el Día del Trabajador del Estado, decretado por el Gobierno nacional, desató una ola de críticas por parte de los gremios estatales, que califican la medida como un “ataque al Estado y sus trabajadores”.
Rechazo sindical y advertencias legales
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, aseguró en su cuenta de X que “solo el Congreso puede derogar una ley”, en referencia a la Ley 26.876 que establecía el asueto. Consideró la medida como un “acto despótico” y acusó al Poder Ejecutivo de intentar “destruir el Estado y a los estatales” ([clarin.com][1]). Además, desalojó al vocero Manuel Adorni de cualquier legitimidad para opinar, acusándolo de “caradura” por el nombramiento de militantes libertarios en medios públicos.
Postura del Gobierno y argumentación oficial
Manuel Adorni, vocero de la Casa Rosada, justificó el decreto afirmando que el Estado no puede mantener privilegios que el sector privado no tiene. Adelantó que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial y calificó la jornada no laborable como un símbolo de “estatismo” en una Argentina que debe avanzar hacia la libertad ([cronista.com][2], [infocielo.com][3]).
Adorni remató su exposición argumentando: “Trabajar en el Estado es un servicio al ciudadano… este día no debe ser tomado sabático ni ser un privilegio pagado por los contribuyentes”.
Tensión en el mundo sindical y movilizaciones en puerta
La Confederación General del Trabajo (CGT), junto a más de 70 organizaciones gremiales y sociales, convocó una movilización que se llevará adelante este miércoles 25 de junio, con epicentro en el Ministerio de Desregulación del Estado, como señal de rechazo a las medidas aplicadas por el Ejecutivo ([eldestapeweb.com][4], [argentina.indymedia.org][5]). El denominado “Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos” reuniría a gremios de transporte, educación, salud y estatales, con apoyo de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores.
Escenario abierto y desafío institucional
El Ejecutivo sostiene que el decreto convalida el fin de una “cultura estatista”, mientras los sindicatos vaticinan una pulseada parlamentaria y posibles acciones judiciales. Aguiar recordó que la ley actual solo puede ser modificada por el Congreso, e instó a los legisladores a actuar en defensa de los derechos adquiridos de los trabajadores públicos ([eldestapeweb.com][4]).
La discusión demuestra un fuerte enfrentamiento entre el oficialismo, que busca reorientar el Estado, y los gremios, dispuestos a resistir en defensa de derechos históricos. El conflicto político y social promete escalar en los próximos días, con impacto en el funcionamiento de la administración pública y mayores repercusiones en el plano legislativo.
