Madrid, 30 de junio de 2025 – Total News Agency – TNA–El juez del Tribunal Supremo de España, Leopoldo Puente, ordenó este lunes la prisión preventiva del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al considerarlo el presunto articulador de una organización delictiva que habría operado mediante sobornos, tráfico de influencias y adjudicaciones irregulares de obras públicas. La investigación judicial apunta a un “botín” aún no localizado, que superaría ampliamente el millón de euros ya identificado, y advierte que “más personas físicas y jurídicas” —entre ellas posibles estructuras del propio partido gobernante— podrían estar implicadas en el esquema.
Cerdán, quien se presentó hoy a declarar ante el alto tribunal, intentó desligarse de la trama y calificó su situación como resultado de una “persecución política”. Sin embargo, el magistrado rechazó ese argumento y fundamentó su decisión en la gravedad de los indicios, la posible destrucción de pruebas y el riesgo de fuga. La resolución lo ubica en un escalón superior de responsabilidad respecto del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, ya implicados en el caso.
“La persona que, según parece resultar, se encargaba de realizar las gestiones oportunas con los pagadores estaría en la mejor disposición para conocer también este último extremo, en el caso de que así hubiera tenido lugar, y correlativamente de ocultar, alterar o hacer desaparecer las pruebas”, subrayó el juez.
Según la resolución, el monto detectado hasta ahora —un millón de euros repartido entre Ábalos y García— sería apenas una fracción del total: si, como es habitual en estas operaciones ilícitas, el soborno equivaliera al 1% de las adjudicaciones cuestionadas, el beneficio económico podría superar los cinco millones de euros, según estimaciones judiciales preliminares.
El caso, que estalló tras escuchas telefónicas y análisis financieros realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, reveló que el lenguaje codificado entre los implicados aludía al PSOE como “la ganadería”, y que presuntamente se exigía un “impuesto” a contratistas desde estructuras vinculadas al partido. En una conversación clave, Koldo García anticipaba que desde la Gerencia del PSOE se comunicarían con un alto funcionario para solicitar un aporte económico, una expresión que los investigadores vinculan con presuntas prácticas de financiación ilegal.
Además, uno de los empresarios involucrados, José Ruz, habría solicitado a Koldo un encuentro directo con Cerdán, tras la salida de Ábalos del Ministerio, bajo el argumento de que la destitución había dejado “heridos inocentes” y que la “ganadería” necesitaba orden. Según la interpretación de la UCO, ese término funcionaba como clave para referirse a la maquinaria política y financiera del partido gobernante.
El juez Puente también destacó que la posición de Cerdán en la estructura jerárquica del esquema ilícito era de “preeminencia”, lo que lo diferenciaba claramente de otros implicados. Según la resolución, su rol habría consistido en “distribuir entre los miembros de la organización los ilícitos frutos obtenidos”, lo que motivó la imputación adicional por tráfico de influencias, además de los delitos de organización criminal y cohecho.
La orden de detención también se fundamenta en la falta de claridad sobre el patrimonio personal de Cerdán y sus posibles vínculos o activos en el extranjero, lo que refuerza la hipótesis del juez de que podría intentar entorpecer el curso del proceso o sustraerse a la acción de la justicia.
El escándalo sacude nuevamente al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que ya atravesó una fuerte crisis interna por el caso Koldo-Ábalos. Las nuevas derivaciones involucran ahora a quien fuera uno de los hombres de máxima confianza del presidente Pedro Sánchez, y abren la puerta a una posible investigación por financiamiento partidario irregular, una línea que aún no ha sido formalmente abierta pero que el juez deja esbozada en su resolución.
La investigación continúa bajo secreto parcial y se espera que en los próximos días se produzcan nuevas imputaciones y requisas. El caso ha generado ya una fuerte conmoción política en Madrid y podría tener repercusiones a nivel nacional si se comprueban nexos entre la red de sobornos y la estructura institucional del PSOE.