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Buenos Aires, 30 de junio de 2025 – Total News Agency – TNA–El presidente Javier Milei reaccionó con dureza al fallo de la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, que ordena a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago de la sentencia por la expropiación de la petrolera ocurrida durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (ex Twitter), el mandatario confirmó que su gobierno apelará la resolución y responsabilizó directamente al exministro de Economía y actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por las consecuencias económicas del juicio.
“Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”, escribió el jefe de Estado. Bajo el título “Un fallo contra Kicillof”, Milei aseguró que la decisión de la justicia norteamericana es “responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof”, a quien acusó de haber violado el estatuto de la empresa YPF al avanzar con la estatización sin cumplir con la obligación legal de realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre las acciones de los minoritarios.
El mandatario fue más allá y afirmó que la Argentina continúa “sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia”, en alusión a la administración de Cristina Kirchner, de quien también recordó su condición de condenada en la causa Vialidad. En una posdata de su mensaje, Milei remató: “¡YO AVISÉ QUE EL SOVIÉTICO ES UN PELOTUDO!”.
La reacción presidencial se dio horas después de que se conociera la resolución de la jueza Preska, quien ordenó la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía, en el marco de la demanda iniciada por los fondos Burford Capital y Eton Park. La sentencia original, dictada en septiembre de 2023, obliga a la Argentina a pagar una indemnización de US$ 16.100 millones, cifra que se elevó debido a la falta de cumplimiento y los intereses acumulados.
El origen del conflicto y el rol de Kicillof
El conflicto judicial tiene su origen en abril de 2012, cuando Cristina Fernández de Kirchner anunció la estatización del 51% de las acciones de YPF, por entonces en manos de Repsol. El Congreso sancionó la ley en mayo de ese año, y en 2014 se completó la expropiación, con una compensación de US$ 5.000 millones en bonos soberanos a la firma española.
Sin embargo, la medida fue cuestionada desde el inicio por no haberse respetado el estatuto de la compañía, que exigía que quien adquiriera el control accionario debía realizar una oferta pública para comprar el resto de las acciones. El entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, rechazó esa obligación durante el debate parlamentario y lo expresó en términos despectivos: “Los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según el estatuto de YPF”.
Esa omisión fue determinante para el reclamo iniciado en 2015 por Burford Capital, que compró los derechos de litigio del Grupo Petersen —la firma de la familia Eskenazi que había adquirido un 25% de YPF y quebró tras dejar de percibir dividendos—. Eton Park, otro accionista minoritario, también presentó su demanda ese mismo año.
El fallo de Preska, confirmado en primera instancia y en proceso de apelación, concluyó que la Argentina violó sus compromisos contractuales al expropiar sin seguir los procedimientos previstos, y ahora dispuso avanzar en la ejecución de la sentencia mediante el traspaso accionario.
Fuerte respaldo político a la crítica contra el kirchnerismo
Las declaraciones de Milei encontraron rápido eco entre funcionarios del oficialismo y referentes opositores. El ministro de Economía, Luis Caputo, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, replicaron el mensaje presidencial. El jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, acusó a Kicillof de ser el “inútil” responsable del perjuicio económico que atraviesa hoy el país.
Desde la Coalición Cívica, la diputada Paula Oliveto afirmó que “los que votaron la nacionalización y, junto a eso, un negociado para los K y los Eskenazi, fueron cómplices”. Recordó además que su fuerza política presentó denuncias ante el juez Ariel Lijo, que —dijo— “nunca investigó el curro”.
El diputado liberal José Luis Espert remarcó que YPF “funcionaba perfectamente siendo 100% privada” y consideró que “la ignorancia supina de Kicillof” llevó al país a perder un juicio multimillonario. Señaló además que el paquete accionario que se ordena entregar hoy vale solo US$ 6.000 millones, menos del 40% del valor de la condena.
Apelación en marcha
Mientras tanto, desde la Casa Rosada confirmaron que la Argentina apelará formalmente la decisión de Preska en el marco del proceso ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Si bien los plazos y las chances de revertir el fallo son acotados, el gobierno buscará frenar la ejecución mientras se tramita la revisión del fondo del caso.
La sentencia representa no solo un severo golpe económico, sino también un fuerte cuestionamiento político e institucional a las decisiones adoptadas durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, con Kicillof como uno de sus principales responsables técnicos.
