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Buenos Aires, 1 de julio de 2025 – Total News Agency-TNA--El Gobierno argentino confirmó que apelará la orden judicial emitida este lunes por la jueza Loretta Preska en Estados Unidos, que autoriza la ejecución del 51% de las acciones de YPF pertenecientes al Estado argentino. Sin embargo, la defensa legal de la Nación no será encabezada por el procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, quien se excusó de intervenir en el caso debido a un posible conflicto de intereses derivado de su actividad profesional previa.
Castro Videla, designado en enero por el presidente Javier Milei, se apartó de la litigación en febrero. Desde entonces, la conducción del caso quedó a cargo del subprocurador Juan Ignacio Stampalija, quien coordina el equipo encargado de enfrentar las demandas vinculadas con la expropiación de la petrolera estatal.
Fuentes del Ejecutivo indicaron a TNA que la decisión de Castro Videla se basó en su pasado vínculo con el estudio jurídico Bianchi, Galarce & Castro Videla, del que fue socio. Uno de los integrantes del bufete, el abogado constitucionalista Alberto Bianchi, fue convocado por Burford Capital —el fondo demandante— como testigo experto a favor de su posición en el juicio internacional. La participación de Bianchi generó la necesidad de que Castro Videla se aparte, a fin de evitar cualquier incompatibilidad ética.
“Cualquier abogado que haya representado intereses contrapuestos a los del Estado Nacional debe excusarse”, explicó la ex titular de la Oficina Anticorrupción, María Eugenia Talerico, quien subrayó la vigencia de la Ley de Ética Pública y la importancia de garantizar transparencia en el ejercicio de cargos de alta responsabilidad jurídica.
El litigio por la expropiación de YPF se originó en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó el 51% de las acciones de la compañía en manos de Repsol. Si bien el Estado argentino indemnizó a Repsol con bonos, no hizo lo mismo con el resto de los accionistas minoritarios, lo que, según la jueza Preska, violó el estatuto de la empresa y derivó en una condena a la Argentina por US$16.000 millones en septiembre de 2023.
Desde entonces, la Argentina ha presentado recursos legales para revertir el fallo, mientras los demandantes avanzaron con pedidos de embargos y ejecución de activos del Estado. La falta de una garantía de pago presentada por la administración de Javier Milei tras asumir en diciembre de 2023 facilitó que la magistrada habilitara la ejecución de las acciones estatales en YPF.
A pesar del revés judicial, el Gobierno ratificó que avanzará con la apelación, que será articulada desde la Procuración del Tesoro bajo la dirección de Stampalija. La causa, que pone en juego el control de la principal compañía energética del país, continúa generando impacto político, jurídico y económico en un contexto de alta sensibilidad internacional para la Argentina.
