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Mientras el Gobierno -ministro de Economía Luis Caputo dixit- busca ganar credibilidad a fuerza de resultados macroeconómicos para lograr bajar la tasa de riesgo país y mejorar las condiciones de financiamiento del país, hay fuentes de recursos que esperan el avance de las reformas en el Congreso para volcarse al mercado.
Anoche en el IAE Summit, Caputo dijo que la piedra angular serán las reformas laboral y tributaria. Mientras esperan detalles de esas modificaciones legislativas, probablemente con la nueva conformación del Congreso, sectores como el de las aseguradoras de vida y retiro buscan un lugar en el mundo para desplegar el negocio y contribuir a financiar la inversión a través del mercado de capitales.
El Gobierno se propone sumar a los recursos para movilizar a la economía a los “dólares del colchón”, algo que no ha logrado, en alguna medida por desconfianza en la evolución del tipo de cambio en el futuro.
Durante mayo, hubo compras de dólares de los particulares por unos u$s 2000 millones pero de esa suma apenas u$s 25 millones engrosaron los depósitos en los bancos. Es decir, el “canuto” sigue engrosándose en lugar de achicarse y circular en el consumo y en el financiamiento privado a través de los bancos.
El Gobierno se propone sumar a los recursos para movilizar a la economía a los “dólares del colchón”, algo que no ha logrado, en alguna medida por desconfianza en la evolución del tipo de cambio en el futuro
Falta de incentivos
En el sector asegurador asimilan ese comportamiento a la falta de instrumentos de ahorro atractivos para el público. En el caso que les toca, los instrumentos previsionales disponibles tienen un alto costo de oportunidad frente a mantener los billetes, por ejemplo.
En ese sentido, señalan que la industria de vida, retiro y pensiones prácticamente no tiene beneficios para captar recursos de particulares. “Los aportes a los fondos protectores del sistema de garantías recíprocas, por ejemplo, están exentos de Ganancias en un 100%. Pero la deducción para un contribuyente que toma un seguro de vida tiene un límite de apenas $ 195.000, poco más de u$s 162 por año”, alertan en el sector. Las empresas que contratan como beneficio para su personal tampoco pueden desgravarlos.
En el mundo hay diversos tratamientos impositivos para las contribuciones en seguros de vida o retiro. En Turquía, por ejemplo, se pueden deducir de Ganancias hasta 25% de los ingresos anuales con un límite máximo de u$s 10.000; en España, hasta u$s 1650 que se elevan a u$s 2310 si se agregan las deducciones de las comunidades autónomas.
En Brasil se pueden bajar de Ganancias contribuciones a fondos de pensión privados con un límite del 12% de los ingresos brutos. Y en Gran Bretaña es de hasta u$s 4800.
“Los aportes a los fondos protectores del sistema de garantías recíprocas, por ejemplo, están exentos de Ganancias en un 100%. Pero la deducción para un contribuyente que toma un seguro de vida tiene un límite de apenas $ 195.000, poco más de u$s 162 por año”
El sector plantea que la movilización de recursos potenciales de los seguros privados podría escalar del 1,8% al 5% del PBI en 10 años, hasta unos u$s 15.000 millones en mayores inversiones. Ese potencial crecimiento económico que financiaría con la movilización de esos recursos y la recaudación que generaría compensaría con creces la deducción total de los aportes.
Costo fiscal
La recaudación tributaria de 2024, de $ 131,3 billones, fue equivalente a 22,7 % del PBI. De ese total, señalan las aseguradoras, $ 2,8 billones corresponden a aportes por riesgos del trabajo y $ 0,01 billón a aportes a seguros colectivos de vida. En otras palabras, esos $ 2,81 billones equivalen a 2% de la recaudación tributaria total y el 0,05% del PBI.
En 2024, el costo fiscal de las desgravaciones por aportes a seguros de vida y fondos de retiro, suponiendo que todos los aportantes dedujeran el máximo permitido, hubiera sido, en caso de estar en vigencia, inferior a $ 0,08 billones.
Según los escenarios del sector, deducir de Ganancias los rendimientos de las pólizas de vida hasta u$s 50.000 anuales y aumentar los límites de la exención a $ 1 millón tendría un costo fiscal de $ 0,4 billones, un incremento inferior al 0,03 % de la recaudación. Un precio que la conducta fiscal podría tolerar.
Fuente El Cronista
