El Gobierno de Mendoza aceptó la renuncia de la fiscal de Instrucción y Penal de Menores de Malargüe, Andrea Lorente, tras un compendio de irregularidades detectadas en su accionar.
El decreto 1407, publicado en el Boletín Oficial y firmado por la vicegobernadora Hebe Casado y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, oficializa la dimisión y subraya la necesidad de designar de manera urgente a un nuevo representante para el cargo.
El Ministerio Público Fiscal identificó un patrón de inacción y desmanejo en la fiscalía a cargo de Lorente. Entre las acusaciones más graves se destacan la “falta de protección a menores víctimas de abuso sexual, inacción en causas de maltrato infantil, desmanejo en casos de violencia de género y concesión de libertades indebidas a imputados con antecedentes penales graves”. A esto se suman “procesos paralizados sin justificación por tenencia ilegal de armas, estafas, lesiones y amenazas e inacción en expedientes por delitos contra la administración pública”.
Ante este panorama, y el pedido del procurador de la Corte, Alejandro Gullé, de iniciar un Jury de Enjuiciamiento, la magistrada optó por presentar su renuncia.
El decreto que acepta la dimisión se basa en la propia declaración de la fiscal, quien en su nota de renuncia manifestó: “Si bien intenté dar todo de mí dentro de lo establecido legalmente en el desempeño de mis funciones, resulta evidente que no ha sido suficiente para lograrlo, por lo que, siguiendo con mi interés de llegar a ese bienestar, es que entiendo que mi renuncia indeclinable es el mejor camino para lograr de esta manera que otro profesional pueda intentarlo”.
Finalmente, el decreto establece que, ante el reconocimiento de Lorente “de la manifiesta incapacidad para continuar en el ejercicio del cargo, reconociendo no estar a la altura de las circunstancias por cuestiones personales y de salud, y la consecuente necesidad de designar de manera urgente otro representante del Ministerio Público Fiscal” en su lugar, la renuncia es aceptada.
Todo comenzó con una investigación que realizó el Ministerio Público Fiscal, organismo que documentó cada afirmación para pedir el Jury de Enjuiciamiento de la fiscal de Malargüe. Allí, el procurador general de la Corte, Alejandro Gullé, aseguró que la magnitud de la gravedad detectada se centra en una serie de irregularidades que se acumularon en al menos 22 causas judiciales y configuran incumplimientos reiterados de sus deberes como funcionaria.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.
Fuente Mendoza Today
