¿Y la Justicia? Bien, gracias

Por Enrique Guillermo Avogadro

“Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de burla”.
Demócrito

Entre las muchas deudas que el Estado y la política mantienen con la sociedad, la más abultada es la Justicia. Y hasta que ésta sea visiblemente independiente, eficaz, imparcial y rápida, no volverán los “colchones” de dólares argentinos ni, menos aún, las inversiones directas que promuevan el empleo genuino y bien remunerado, la educación de calidad, un eficiente servicio de salud pública, la diversificada producción industrial exportable y, finalmente, un razonable equilibrio en el sistema previsional.

Por eso resultan inexplicables algunas decisiones de Javier Milei que van exactamente en sentido contrario a esa acreencia social. El ejemplo paradigmático fue, claro, su afortunadamente fracasada insistencia en nombrar al Juez Ariel Lijo, un reconocido especialista en paralizar causas que afectan al poder, para integrar la Corte Suprema. Si la ciudadanía ya estaba sorprendida por esa actitud insólita, seguramente llegó a la repulsión con el fallo de la Juez Loretta Preska, que condenó al país a pagar a dos fondos de inversión – Bulford y Eaton – la monstruosa suma de US$ 16.100 millones, de los cuales aproximadamente US$ 5.000 se llevará la familia Eskenazy, tradicional testaferro de los Kirchner. Hace mucho tiempo, describió todo lo sucedido en una vieja nota a la que titulé “Cristinita, ¿otros cinco mil millones?” ( https://tinyurl.com/248urh9s ).

Y digo esto porque Lijo mantiene sin avanzar en su Juzgado, desde hace la friolera de trece años, la denuncia de Lilita Carrió por el ingreso de esos malandrines en YPF para que el patriarca Néstor se robe la empresa. De haberla investigado en tiempo y forma, cumpliendo así su obligación constitucional, esta sentencia no se hubiera dictado, porque un hecho probado como delictual no puede producir beneficios. Esa línea de defensa, fue utilizada por el Procurador del Tesoro de Mauricio Macri, Bernardo Saravia Frías; cuando consolidó la dupla Fernández², fue reemplazada por Carlos Zannini, ex Director del Banco de Santa Cruz, de los mismos Eskenazy, y cerebro jurídico de los Kirchner que, como era esperable, la abandonó. Hoy, la Argentina tiene aún algunos argumentos jurídicos, y también circunstancias políticas, que eventualmente pueden convencer a la Cámara de Apelaciones de Nueva York y/o a la Corte Suprema de los Estados Unidos de la necesidad de revocar esa sentencia. Veremos.

La otra actitud reprobable de Milei fue, esta misma semana, la inexplicable aceptación de la renuncia presentada por el Juez Federal de Rosario, Marcelo Bailaque, acosado por denuncias de corrupción, enriquecimiento ilícito y complicidad con los narcotraficantes a los que debía juzgar. De haber sido destituido por el Consejo de la Magistratura, como correspondencia, este delincuente hubiera perdido, al menos, el derecho a percibir una monumental jubilación, que ahora gozará hasta su muerte.

Los jueces, por su parte, tampoco contribuyen a mejorar la pésima imagen – muchas veces injustificada – que tiene el Poder Judicial. Me refiero a la absurda diferencia entre el trato otorgado a Cristina Fernández, a la cual se le concedió la prisión domiciliaria, con derecho a soliviantar a sus fieles contra el Gobierno desde su balcón y en las redes sociales, ya recibir curiosas visitas internacionales, mientras todo el resto de sus consortes de causa, que de ella dependían, están en la cárcel común.

Igualmente indignado resultó la concesión del mismo beneficio a José Alperovich, condenado por reiterada agresión sexual contra una sobrina, que hoy goza de ese privilegio en uno de los lujosos departamentos que tiene en Puerto Madero, aduciendo ridículas razones médicas. Mientras tanto, cientos de militares, con edades que en algunos casos superan los 100 años, con prisiones preventivas que llegan a los 16 años y con dolencias mucho más graves, se pudren en establecimientos carcelarios incapaces de brindar la atención adecuada para sus enfermedades y para su degradación etárea.

Es cierto, por otra parte, que el Poder Judicial trabaja con una enorme dificultad que deriva de la cantidad inmensa de cargos vacantes en juzgados, cámaras de apelación y de casación y hasta en la Corte Suprema, que coadyuvan a la excesiva demora en los procesos, porque los jueces en funciones deben ocuparse no sólo de las causas que les corresponden sino de las que recaen en otras sedes; como esas suplencias son transitorias, se produce un reemplazo permanente de juzgadores que, antes de avanzar, deben conocer cada uno de los procesos en curso. Pero la forma que ha adoptado la política en nuestro país, desplegada en fuertes agresiones personales e insultos entre miembros de los diferentes partidos, impide llegar a los acuerdos mínimos necesarios para designar a los candidatos que, seleccionados por el Consejo de la Magistratura en concursos públicos, forman las ternas que se elevan al Presidente de la República y, una vez escogidos por éste, se envían al Senado para su designación.

En el interior del país la situación es peor aún. Los jueces se nombran por acuerdos espúreos entre caciques feudales y opositores, y eso permite que accedan a la magistratura fieles probados al poder, cuando no abogados que han representado a los peores exponentes del narcotráfico y otros delitos. Este mes, en esas condiciones de oscuros pactos, fueron designados más de doscientos jueces en la Provincia de Buenos Aires, garantizando a sus ciudadanos de a pie que sus legítimos derechos serán ignorados cuando el interés del padrino de cada uno de los nuevos togados esté comprometido, a imitación de lo que sucede en la Formosa de Gildo Insfrán.