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Buenos Aires, 7 de julio de 2025 – Total News Agency (TNA) –Un vuelo privado de la empresa Royal Class, perteneciente al empresario Leonardo Scatturice —nuevo propietario de Flybondi y figura cercana al Gobierno nacional— quedó en el centro de una investigación judicial por presuntas maniobras de contrabando y violaciones a los controles aduaneros y migratorios tras su arribo a la Argentina el pasado 26 de febrero.
La aeronave, identificada con la matrícula N18RU, llegó a Aeroparque Jorge Newbery a primera hora de esa jornada con tres ocupantes: Laura Belén Arrieta, gerente de operaciones corporativas de la firma OCP Tech, y los tripulantes José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto. El jet permaneció en el país hasta el 5 de marzo, cuando partió rumbo a París con una escala en Tenerife, España. Para ese vuelo de salida se sumó un cuarto pasajero: Víctor Germán Du Plooy, gerente de negocios corporativos de OCP, quien había ingresado por Ezeiza dos días antes.
Laura Belén Arrieta, la pasajera del jet privado que investiga la Justicia.
Según un dictamen de 60 páginas elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), y revelado por el programa ¿Y mañana qué? de Todo Noticias, durante el operativo de ingreso se habrían vulnerado múltiples protocolos. Entre otras anomalías, se constató que el avión trajo diez valijas, pero solo cinco fueron declaradas. Además, las imágenes de video muestran que ni la pasajera ni los tripulantes atravesaron los escáneres ni fueron sometidos a controles de equipaje.
Así quedo registrado el ingreso de los pasajeros del avión y de las valijas.
Los fiscales de la causa señalaron que el procedimiento se ejecutó de forma deliberadamente irregular: “El área se encontraba libre de aglomeraciones, por lo que no hubo motivo operativo para omitir los controles. El desvío fue una decisión expresa del personal aduanero”, afirma el documento judicial. La escena, según sostiene la investigación, se produjo ante la mirada de agentes responsables que no solo presenciaron la maniobra, sino que facilitaron el paso exclusivo del grupo.
Un tripulante del avión es acompañado por un agente aduanero para evitar el control de valijas.
Uno de los videos muestra incluso a un agente de aduana guiando a un tripulante para evitar el control, y a la pasajera Arrieta entregando un teléfono celular a una funcionaria aduanera, quien le respondió con un gesto aprobatorio. El Ministerio Público Fiscal solicitó identificar a dicha agente, así como a todos los funcionarios presentes en el procedimiento.
La salida de quienes viajaban en el avión sin pasar por los controles de Aduana.
El dictamen también cuestiona los registros migratorios, al detectar inconsistencias entre las rutas declaradas y los movimientos reales del avión. Mientras la documentación oficial indicaba que el vuelo había llegado desde Fort Lauderdale (KFLL), la nave partió en realidad desde Opa-locka (KOPF). A su vez, el vuelo de salida figuraba como con destino a Estados Unidos, cuando en realidad se dirigió a París.
Asimismo, la investigación detectó que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) no registró el ingreso de la aeronave, y que el procedimiento de “sellado” del avión en el hangar de Aeroparque careció de avales oficiales. Las cámaras de seguridad que debía monitorear la Policía Federal presentaban huecos temporales en la grabación, lo que impidió una supervisión continua del aparato durante su estadía.
Pese a estas pruebas, el Ejecutivo negó en su momento cualquier irregularidad. Consultado sobre el episodio, el vocero presidencial Manuel Adorni declaró en conferencia de prensa: “Esta persona se sometió a todos los controles de Aduana sin detectarse nada extraño, siguiendo los protocolos y cumpliendo con la normativa”.
La causa continúa su curso bajo secreto de sumario, con nuevos requerimientos de prueba solicitados por la Justicia. El caso no solo compromete a un empresario ligado al Gobierno, sino también a una red de funcionarios cuya actuación —u omisión— podría configurar delitos graves contra la administración pública y la seguridad del Estado.
