La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha consultado a la Abogacía del Estado sobre varios encargos del Gobierno a través de leyes, reales decretos ley y reales decretos que mandatan la elaboración de informes a la institución. AIReF busca blindarse, de alguna manera, ante los cada vez más frecuentes encargos al margen de lo dispuesto en su ley orgánica y que no implican una financiación adicional.
El último caso por el que han consultado, según ha avanzado la presidenta de la institución, Cristina Herrero, en una rueda de prensa este miércoles, es por el nuevo informe de la regla de gasto en pensiones que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha encargado a la AIReF a través de un real decreto para 2026. Se trata de un encargo al margen de lo contemplado en la reforma de las pensiones de 2023, que establece un informe cada tres años, y el real decreto condiciona además la metodología y el calendario para la elaboración y publicación.
Según ha explicado Herrero, existe un creciente malestar en el organismo porque esta serie de mandatos no se financian de manera separada y, en muchos casos, es el propio Ejecutivo el que establece las pautas para el análisis, lo que “atenta contra nuestra independencia y nuestra autonomía de gestión”, ha criticado.
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La postura que la AIReF pretende revalidar con la respuesta de la Abogacía del Estado es que la Autoridad Fiscal solo debe hacer tres tipos de trabajos: los informes que fija la ley orgánica; las opiniones voluntarias a iniciativa de la propia AIReF y los encargos de evaluación a la carta de las administraciones, que sí conllevan un presupuesto adicional y en los que es el equipo propio el que decide cuál es la metodología de análisis.
“No puede ser que leyes ordinarias o reglamentos trastoquen de alguna forma el funcionamiento y nuestra autonomía de gestión e independencia”, ha criticado. La decisión de elevar varias consultas al órgano jurídico de la AGE se debe a “la proliferación de normas” que disponen de los informes adicionales de la AIReF sin ajustarse a lo dispuesto en su ley orgánica, como varios exámenes de las pensiones, las tres primeras opiniones del Ingreso Mínimo Vital y el examen incluido en la ley de startups.
Herrero señala que estos análisis sin financiación suponen “una utilización privativa de recursos” por parte de una administración concreta, a pesar de que la AIReF se financia con una cuota que pagan todas las administraciones del país. Por ello, piden a la Abogacía del Estado un respaldo argumental para pedir que “se limite mucho lo que la AIReF entra a evaluar” y que, en todo caso, se haga “previa consulta”. “Hay que parar esta deriva”, ha pedido la presidenta.
Nuevo informe de pensiones en 2026
Respecto al nuevo encargo para analizar la sostenibilidad de las pensiones conforme a la regla de gasto fijada en la reforma de 2023, Herrero ha asegurado que “no lo entendemos” y anticipa que el diagnóstico sería “más o menos el mismo” si se aplica la metodología que, en su opinión, es la correcta. No obstante, cuando el informe se realice, Herrero ya no estará al frente de la AIReF porque termina su mandato en el primer trimestre de 2026 y el informe tendrá que publicarse en junio.
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“Seguimos diciendo que la sostenibilidad ha empeorado con la reforma de 2023 si se mide como la dinámica del gasto y del ingreso. El problema es que tenemos una regla de gasto en pensiones que no mide nada”, ha explicado. Recordando la evaluación realizada ya este año, ha señalado que el crecimiento económico es el que salva del ajuste en la regla de gasto y defiende que las transferencias que se tuvieron en cuenta para el análisis son las que se deben incluir como impacto positivo de medidas de ingresos.
Estas equivalen a tres décimas del PIB: una es la financiación de las pensiones no contributivas (“gastos impropios”) y dos corresponden a bonificaciones. “Esas tres décimas de transferencias son las que deben cogerse, y no otras”, ha recalcado Herrero.
Fuente El Confidencial
