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Las primeras reacciones de las asociaciones judiciales al plan contra la corrupción anunciado por Sánchez en el Congreso no se han hecho esperar. Aunque loables sobre el papel, presenta serias carencias de fondo. Así lo asegura la segunda asociación en número de afiliados, Francisco de Vitoria, que considera que para combatir realmente la corrupción, «no basta con anunciar agencias nuevas o herramientas tecnológicas» si no se garantiza antes algo esencial: la independencia efectiva del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal.
«Sin blindar a la Fiscalía de injerencias del Ejecutivo —especialmente en casos que pueden afectarle directamente—, medidas como otorgar la instrucción penal a los fiscales resultan muy preocupantes», señala Sergio Oliva , su portavoz nacional.Oliva hace hincapie, además, en que muchas de las medidas anunciadas son redundantes o ya están vigentes. Por ejemplo, la protección a los denunciantes ya está contemplada, y el decomiso de bienes ya es posible en nuestro ordenamiento penal.
También existen mecanismos para impedir que empresas condenadas por corrupción contraten con la Administración. «Repetir lo que ya existe no es reformar, es marketing», apostilla La creación de una nueva Agencia de Integridad Pública tampoco parece responder a una necesidad real: ya contamos con órganos especializados como la Fiscalía, los jueces, las Fuerzas de Seguridad o el Tribunal de Cuentas. Lo que falta no es estructura, sino voluntad política para dejarles actuar con autonomía.En el lado positivo, se abre una puerta interesante a que la ciudadanía pueda auditar las decisiones automatizadas en la contratación pública, aunque no se menciona el acceso al código fuente de esas herramientas de inteligencia artificial. Sin transparencia tecnológica, esa participación puede quedarse en lo superficial. Advierte el portavoz de que se corre el riesgo de que estemos «ante medidas de maquillaje porque no están acompañadas de presupuesto», en un contexto en el que carecemos de Presupuesto General del Estado.
Sin dotación de medios materiales y personales no tiene eficacia alguna otorgar preferencia a causas con cargos públicos , dado que las cargas de trabajo actuales apenas permiten salvar la preferencia ya otorgada a presos y menores, entre otras materias.En este sentido reclaman una «seria reforma» del artículo 324 de la ley de enjuiciamiento criminal que limita los plazos de instrucción. «Las tramas de corrupción son complejas, por lo que esta reforma permitiría solucionar los verdaderos problemas que día a día ya tienen los juzgados de instrucción para investigar si dotación de medios y se salvarían las enormes dificultades interpretativas que dicho precepto genera».A su juicio, hay que permanecer «atentos a la plasmación práctica de una mera declaración de intenciones que si no va dotada con sustento presupuestario pude quedar en mero papel mojado».Desde Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD), su portavoz, Edmundo Rodríguez, señala que si bien estas medidas pueden resultar útiles en la lucha contra la corrupción, «precisarán desarrollo, concreción, un amplio debate público y dotación de medios para que la administración de justicia pueda responder con mayor eficacia que en la actualidad«.
Rodríguez considera interesante que se amplíe el plazo de prescripción para perseguir los delitos de corrupción pero, a su juicio, y en la línea de Oliva, ve «esencial» que por un lado se aumenten los plazos máximos de instrucción que limita el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por otro, que se fomente «una investigación ágil, con equipos multidisciplinares compuestos por fiscales, inspectores de hacienda, expertos y policías, más que especializar los órganos judiciales de enjuiciamiento, que hasta la fecha realizan una labor razonable».Garantías de confidencialidadTambién es adecuado, dice, poner el acento en las empresas corruptoras, aunque la solución no es incrementar las penas , que ya son bastante elevadas. Medidas disuasorias a adoptar, además de las sugeridas, serían que no sólo se reintegrara el importe de las mordidas sino el de toda la obra, incluso si se ha realizado, de manera que se sancionara con la pérdida de todo beneficio, así como disponer penas accesorias de prohibición de contratación de obra pública o de obtener subvenciones. Por otro lado, Edmundo Rodríguez considera acertado elevar la exigencia en las adjudicaciones como se sugiere, tomando como referencia el modo en que las hace la Unión Europea. Las garantías de confidencialidad de los denunciantes deben plantearse como se sugiere, es decir, garantizando que sea la fiscalía quien compruebe su verosimilitud, como ha hecho la Ley 2/2023, conocida por ‘whistleblowing’, para evitar que puedan prosperar denuncias falsas.
También es positivo introducir controles mediante Inteligencia Artificial como ya hace la inspección de hacienda. JJpD echa de menos abordar la cuestión del n ombramiento de asesores, que debería regularse con mayor rigor que en la actualidad, pues en los tribunales ya se han detectado casos de asesores que no realizan esa función o trabajan directamente para un partido.
Fuente ABC
