Buenos Aires, 10 de julio de 2025 – Total News Agency (TNA) –El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales, a través de Nación Seguros. Se trata del primer procesamiento por corrupción contra el exmandatario, por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, que acarrea penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua.
Según el fallo, Fernández intervino activamente para favorecer los negocios del bróker Héctor Martínez Sosa, un estrecho colaborador y exasesor, así como de su esposa, María Cantero, también procesada por los delitos de negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes. Durante su gobierno, Martínez Sosa facturó comisiones por unos $2.252 millones, alrededor del 60% del total facturado por Nación Seguros, muy por encima del siguiente corredor, que solo logró el 17%.
Casanello impuso un embargo superior a los $14.634 millones sobre los bienes del exmandatario y procesó a 33 personas más —entre ellas Cantero, Martínez Sosa y el exjefe de Nación Seguros Alberto Pagliano— por temas que incluyen también administración fraudulenta, lavado de dinero y cohecho. Asimismo, se citó a indagatoria a ocho aseguradoras, y se ordenaron allanamientos en las compañías involucradas.
El corazón del expediente es el controvertido decreto 823/2021, que obligaba a organismos públicos a suscribir pólizas únicamente con Nación Seguros. De acuerdo con el magistrado, Fernández actuó para “empoderar a su círculo privado”, limpiando obstáculos y ofreciendo evidencias de vínculo (como fotografías públicas) que permitieron a Martínez Sosa ampliar su cartera de negocios estatales. El juez relata episodios concretos: gestiones directas ante Cancillería y defensa de otro funcionario crítico al broker para asegurar sus intereses .
Fernández ya había sido llamado a ampliar su indagatoria y buscó justificar que las facturas emitidas a Martínez Sosa respondían a “informes coyunturales”, desligándose de favoritismos y señalando que el decreto no señalaba intermediarios. Asimismo, objetó las comisiones frente a la figura predominante del presidente de Nación Seguros.
Este proceso judicial se suma a otro, derivado de la causa por violencia de género iniciada por Fabiola Yáñez, cuyo procesamiento fue confirmado por un tribunal en abril.
Casanello, juez con antecedentes de investigaciones por corrupción y crimen organizado, vuelve a poner en el centro a figuras del poder, reforzando el posicionamiento judicial frente a las maniobras de direccionamiento en la administración pública . La causa sigue su curso y el procesamiento de Fernández se convierte en un paso clave hacia un eventual juicio oral. Las defensas aún pueden apelar y se mantiene firme el embargo sobre los bienes, mientras la acusación enfrenta su ocasión decisiva en tribunales.
