La plataforma Denaria ha registrado 94 quejas en lo que va de año a través de su canal de denuncias gratuito, debido a la negativa de establecimientos públicos y privados a aceptar pagos en efectivo. De estas, más del 21% se han convertido en denuncias formales, lo que refleja un aumento en la concienciación ciudadana sobre el derecho a pagar con dinero en metálico, respaldado por la legislación española y europea.
La Administración Pública encabeza el listado de sectores con más quejas, acumulando un 46,5% del total. Le siguen los comercios y prestadores de servicios (20,9%), el transporte (18%) y la hostelería (12,2%). Por el contrario, sectores como la educación y la sanidad apenas suman un 1,2% de denuncias cada uno.
Denaria advierte de que la suma de quejas en el ámbito privado ya supera el 53% del total, evidenciando un retroceso preocupante en la garantía del efectivo como medio de pago. A esto se suman trabas legales como la prohibición de pagar el alquiler en metálico o la imposibilidad de deducir gastos abonados en efectivo en el IRPF, lo que limita la inclusión financiera.
El efectivo también ha sido injustamente señalado como sinónimo de fraude, con medidas como el límite de 1.000 euros en pagos entre particulares y empresas (sancionable con un 25% de multa), mientras medios digitales como Bizum quedan al margen de este tipo de restricciones.
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La organización también critica que la propia Administración Pública incumpla esta normativa: no permite pagos en efectivo en varios trámites, cobra comisiones por operar con metálico y no publica sanciones por infracciones.
Además, la desaparición de cajeros en zonas rurales y barrios vulnerables y la falta de un plan de resiliencia nacional para garantizar el acceso al efectivo en situaciones de crisis ponen en riesgo el derecho de miles de ciudadanos a elegir cómo pagar.
Denaria alerta sobre la creación de una sociedad a dos velocidades, una preocupación que también ha sido señalada recientemente por el Parlamento del Reino Unido. Por ello, la organización insta a las autoridades españolas a adoptar medidas urgentes que garanticen el acceso al efectivo y eviten la exclusión financiera.
Fuente El Confidencial
