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Buenos Aires, 12 de julio de 2025 – Total News Agency‑TNA –Doce bolsas de comercio y entidades del sistema bursátil argentino expresaron su “enérgico rechazo” a la modificación del régimen fiscal de las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR) incluida en la reforma previsional sancionada por el Senado. En un comunicado conjunto, alertaron que la medida implica un “golpe directo” al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y representa una amenaza concreta al empleo formal.
Entre las entidades firmantes se encuentran BYMA (Bolsas y Mercados de la Argentina), la Caja de Valores, y las bolsas de comercio de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Chaco, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca y Corrientes. Todas coincidieron en que la eliminación de las exenciones fiscales para los aportantes a las SGR —instrumento clave que avala uno de cada tres préstamos a pymes— afectará gravemente la sustentabilidad de un sistema que ha movilizado más de 3,8 billones de pesos en crédito productivo, respaldando a más de 100.000 MiPyMEs en todo el país y sosteniendo medio millón de empleos.
“El cambio se hizo sin debate ni consultas, y responde a una decisión política del bloque opositor que impulsó la reforma previsional, encabezado por el kirchnerismo”, afirmaron los firmantes. Según denunciaron, la nueva ley “aniquila un sistema virtuoso de financiamiento pyme y desarma un esquema público-privado de décadas que ha demostrado eficiencia, compromiso patrimonial y beneficios concretos para la recaudación tributaria”.
El artículo 10 de la ley, sancionada el 10 de julio, busca compensar el aumento del gasto jubilatorio eliminando beneficios fiscales al sistema SGR. Sin embargo, el costo fiscal que se intenta recortar es marginal —apenas el 0,02% del PBI, equivalente a unos 136 millones de dólares anuales, según estimaciones de la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (Casfog).
“Es una decisión incongruente. El crédito productivo en la Argentina representa solo el 11% del PBI, y sin las SGR esa proporción caería aún más. El daño a la economía federal, al tejido pyme y al empleo será mucho mayor que el ahorro fiscal proyectado”, advirtió Ignacio Pérez Riba, secretario de Casfog. A su vez, explicó que las SGR generan una externalidad positiva para el Estado, ya que las empresas que acceden al crédito tributan IVA, Ganancias, aportes y contribuciones, lo que más que compensa las exenciones fiscales eliminadas.
La norma ya generó una fuerte reacción en el mercado financiero y productivo, y podría tener consecuencias inmediatas: varias SGR analizan suspender nuevas garantías ante la incertidumbre sobre la viabilidad del sistema sin los incentivos fiscales. También se teme un freno al mercado de cheques, uno de los instrumentos más utilizados por las pymes para obtener liquidez.
El presidente Javier Milei, quien había cuestionado fuertemente la ley tras su aprobación, anunció públicamente desde la Bolsa de Comercio que vetará la norma. Sin embargo, mientras eso ocurre, las entidades advirtieron que “cada día que pasa sin una solución agrava el daño al financiamiento pyme”.
“El Congreso debe revisar esta decisión antes de que los efectos sean irreversibles”, concluye el comunicado. Las entidades firmantes exhortaron a las autoridades a restablecer el marco normativo que durante tres décadas permitió a las pymes acceder a crédito formal, crecer, invertir y sostener el empleo en todo el país.
