Desde su asunción como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger se ha erigido como el artífice de la promesa más radical del gobierno Milei: la reducción del Estado argentino y la liberación de las fuerzas del mercado.
Su ambicioso plan de reformas, no solo ya está en marcha sino que se espera que se profundice en los próximos meses. En su despacho, un cartel simbólico “cuenta los días que le quedan para completar su misión: revisar más de 4.000 leyes y regímenes, desarmar privilegios y eliminar trabas para el sector privado”.
La “implosión” del aparato estatal, como la define su entorno, avanza con una combinación de “velocidad inédita y objetivos que todavía están lejos de cumplirse en su totalidad”.
Qué se hizo
Las cifras iniciales son elocuentes: en menos de un año, el Gobierno ha modificado o derogado más de 400 normativas y desmantelado más de 200 áreas de la administración pública, incluyendo direcciones nacionales, generales y coordinaciones. La estructura ministerial se redujo a menos de la mitad, y se han eliminado numerosas secretarías y subsecretarías.
El ajuste en la planta estatal también fue significativo, con decenas de miles de empleados públicos despedidos y la prórroga de unos 40.000 contratos precarios solo hasta marzo, sin garantía de continuidad.

Además, impulsó una “Evaluación General de Conocimientos y Competencias”, un examen “antiñoquis” que será obligatorio para futuros ingresos al Estado Nacional a partir de 2025. Todas estas acciones iniciales forman parte de un paquete respaldado por la Ley Bases y el DNU 70/23, textos que el propio ministro redactó antes de la asunción de Milei.
Lo que viene
A pesar de los avances, el propio Milei reconoce que “apenas se ejecutó ‘una cuarta parte’ del plan”. La segunda etapa promete ser aún más drástica, con reformas estructurales en el mercado laboral, el sistema previsional y el régimen tributario. Entre las próximas medidas se incluye la ambiciosa eliminación del 90% de los impuestos existentes, para concentrar la recaudación en solo seis tributos principales. También se proyecta una nueva desregulación de las obras sociales, buscando habilitar la competencia y la entrada de nuevos actores, una medida que podría enfrentar resistencia sindical.
En el ámbito previsional, el Gobierno prepara una reforma para aumentar la edad jubilatoria, eliminar los regímenes especiales y unificar los requisitos para hombres y mujeres. Finalmente, se espera un ambicioso programa de privatizaciones y la continuación de la “poda” en el sector público, con el cierre de nuevas áreas y la no renovación de contratos temporales.
Fuente Mendoza Today