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IsraelLa relación entre el presidente Javier Milei y los gobernadores atraviesa un momento de creciente tensión. Y Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, no es una excepción. A pesar del gran “ruido político” que ha generado la definición de listas en la provincia de Buenos Aires y las promesas de diálogo y acuerdo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, los datos no han sido para nada alentadores. Así, el aumento de los ingresos no coparticipables en junio pasado provocó un enorme desequilibrio que impactó directamente en las finanzas provinciales. Y el Gobierno Nacional sigue dilatando las definiciones.
En cifras concretas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó una recaudación total de $11,3 billones, con una suba nominal del 43,3%. Sin embargo, los fondos girados a través de la Coparticipación Federal de Impuestos sumaron apenas $4,4 billones. Si se considera el efecto inflacionario, este reparto significó una caída real del 5,2%, lo que intensificó las quejas desde los gobiernos provinciales, que pegaron el “faltazo” a los actos nacionales previstos para el Día de la Independencia en Tucumán y obligaron a suspenderlo.
Los mandatarios provinciales vienene reclamdndo una redistribución más justa de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos. Este conflicto se desarrolla en medio de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre, lo que suma condimentos políticos a una disputa económica de larga data. Desde hace semanas, los gobernadores insisten en abrir la negociación para mejorar el flujo de recursos a sus distritos.
En respuesta, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, presentó una propuesta en nombre del Ejecutivo. Ofreció elevar la participación de las provincias sobre el impuesto a los Combustibles al 10,4%, cifra muy inferior al 57,36% que reclaman los mandatarios como criterio general. A su vez, no incluyó ninguna modificación respecto al reparto de los ATN, que representan el 1% de la masa coparticipable.
La propuesta fue rechazada por los representantes provinciales. Las conversaciones siguen abiertas, pero por el momento no se vislumbra una solución de consenso. El desacuerdo deja en evidencia las tensiones en torno al modelo federal argentino, donde la autonomía provincial depende en gran medida de las transferencias nacionales.
El concepto de “recaudación tributaria” no se limita a los impuestos tradicionales. Incluye recursos del comercio exterior —como derechos de exportación, importación y la tasa de Estadística— y también los aportes y contribuciones de la Seguridad Social. Si se desagrega el incremento global del 43,3%, se observa una evolución dispar: los ingresos puramente impositivos subieron un 29%, los de Seguridad Social un 57,5%, y los recursos aduaneros un impactante 80,9%.
Esta distribución afecta de manera directa a las provincias, ya que solo una parte de la recaudación impositiva es coparticipable. Los recursos aduaneros y muchas contribuciones sociales no se reparten entre las jurisdicciones. Además, el debate por las retenciones influye de forma indirecta: al reducirse, aumentan las ganancias por exportación, lo que mejora la recaudación del impuesto a las Ganancias —sí coparticipable— pero no así la de los derechos de exportación, que permanecen en manos de Nación.
El labertinto de la coparticipación
La Comisión Federal de Impuestos (CFI) revisa constantemente el esquema de distribución. Este sistema es conocido como el “laberinto de la Coparticipación”, una expresión que se originó en 1994, cuando el experto canadiense Richard Bird visitó el país y se mostró desconcertado ante la complejidad del mecanismo. “¡Esto es un laberinto!”, exclamó al analizar cómo se reparten los impuestos en Argentina, una frase que aún se utiliza para describir el sistema vigente.
Una muestra de esta intrincada lógica es el impuesto a los Combustibles Líquidos, pagado por todos los usuarios de vehículos al cargar nafta o gasoil. Una vez descontado el 1,9% destinado a ARCA, el 89,1% restante se distribuye en múltiples direcciones: el 28,69% se dirige a ANSES, el 15,07% al Fonavi, el 10,4% a Nación, y otro 10,4% a las provincias.
De este último porcentaje, el 60% se destina a Vialidad, el 30% a obras de infraestructura y el 10% restante al Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI). El resto se reparte entre el Fondo de Infraestructura Hídrica, el Fideicomiso de Transporte y otros mecanismos de compensación.
Mientras Guberman y los ministros de Hacienda provinciales intercambian propuestas y contrapropuestas, algunos observadores recuerdan una frase atribuida a Leopoldo Marechal: “De todo laberinto se sale por arriba”. Quizás sea el momento de aplicar esa metáfora poética y encontrar un acuerdo institucional que redefina la relación fiscal entre Nación y provincias.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.
Fuente Mendoza Today
