Los magistrados Pablo Llarena, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo se dieron 24 horas para armar y firmar un auto que revisara todas las alegaciones de la defensa de Santos Cerdán y que no dejara ningún resquicio de duda o fisura en su decisión.
Sobre estos tres magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo recayó la responsabilidad de decidir si el ex secretario de Organización socialista seguía o no en la prisión de Soto del Real como medida cautelar necesaria para asegurar que no se diera una hipotética destrucción de pruebas.
La resolución, de la que fue ponente Pablo Llarena, finalmente avaló tanto la medida acordada por el juez instructor Leopoldo Puente, que fue quien el 30 de junio envió a prisión sin fianza al político, como el criterio del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que, en su informe, habló del «amplísimo caudal de indicios incriminatorios» que pesaba sobre él y le ubicó «en la dirección» de la organización criminal investigada.
Si el martes se celebró la vista en el Alto Tribunal, en la que se escucharon los argumentos de las acusaciones y de la defensa del exlíder socialista, la decisión de los magistrados no llegó en el mismo día, como se esperaba, sino que se conoció el miércoles cuando se hizo pública la extensa resolución de treinta páginas. Fuentes jurídicas consultadas por ABC detallan que el recurso de apelación sobre la medida cautelar se ha ventilado en el tribunal con celeridad dado que afecta a una prisión provisional, y estos casos siempre son prioritarios. Y añaden que el hecho de que los tres magistrados no hayan resuelto el mismo día se debe a que el ponente (Llarena) debía armar un auto que diera respuesta detallada a todos los argumentos presentados por la defensa del político.
El gratuito ‘lawfare’
De esta manera, se lograba el doble objetivo de, por un lado, fundamentar bien la decisión de mantenerle en prisión preventiva ante el riesgo de destrucción de pruebas y, por otro lado, evitar las posibles suspicacias que hubiera podido generar un auto menos prolijo. De hecho, otras fuentes consultadas explican que, dada la relevancia del caso -la presunta trama afecta de lleno a dos ex número tres del partido de Gobierno- y las cuestiones planteadas, hacían necesario redactar una resolución que estuviera al nivel del hecho. Y más aún, señalan, cuando desde determinados ámbitos políticos se tildan de forma gratuita, sin fundamento y sin explicación la labor de los tribunales y determinadas resoluciones judiciales de ‘lawfare’.
Por otro lado, añaden que, quien conoce bien al magistrado Pablo Llarena, sabe que siempre es «exhaustivo» en sus resoluciones , y explican que en este caso lo ha sido con más razón puesto que se trataba de una resolución en la que se confirma una prisión preventiva.En su resolución, Llarena repasó uno a uno los indicios con los que cuenta el juez para tener por investigado al político, y avalaba la validez de forma indiciaria y a la espera de peritajes de determinados indicios de gran relevancia para la causa, como los audios incautados en la entrada y registro del domicilio de Koldo García en febrero de 2024.
Además, subrayó en su auto la Sala de lo Penal que, en contra de lo mantenido por los abogados de Cerdán, Benet Salellas y Jacobo Teijelo, los elementos tenidos en cuenta contra el político no se han valorado en contra de su derecho a la presunción de inocencia o desde una perspectiva inquisitiva. Y apuntó que carece de todo fundamento el reproche del recurrente de estar siendo objeto de una investigación prospectiva o de investigación general.
Fuente ABC
