Ushuaia, 23 de julio de 2025 – Total News Agency-TNA-Un grave escándalo institucional sacude los cimientos del Poder Judicial de Tierra del Fuego, donde dos magistrados han quedado en el centro de una tormenta de denuncias que revelan un preocupante entramado de irregularidades, posible encubrimiento y manejo discrecional de recursos públicos.
El juez penal Andrés Leonelli, miembro del Poder Judicial fueguino, ha sido denunciado por la presunta tenencia de pornografía infantil, luego de que Google emitiera un reporte formal alertando sobre contenido de ese tipo detectado en una cuenta vinculada al magistrado. Como parte de la investigación, se allanó el domicilio del juez y se habrían secuestrado dispositivos electrónicos.
Sin embargo, un hecho aún más inquietante rodea al caso: la desaparición de correos electrónicos clave que habrían contenido las imágenes denunciadas. Esta desaparición ha encendido todas las alarmas en la comunidad judicial y política de la provincia, ante el temor de que se trate de un intento deliberado por borrar pruebas y proteger a un funcionario judicial de alto rango. La situación exige esclarecimiento inmediato por parte de las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.
A pesar de la “extraña desaparicion de correos electronicos, la defensa asegura que las imágenes comprometedoras corresponden a un expediente judicial en el que Leonelli intervino como juez de la Cámara de Apelaciones, en el marco de su labor penal. No adjuntaron información o numero de causa.
A esta denuncia se suma un nuevo caso que involucra a la jueza correccional Felicitas Maiztegui Marcó, quien fue señalada por protagonizar un incidente de tránsito en el que colisionó al menos cuatro vehículos y luego se dio a la fuga. A pesar de la gravedad del hecho, no se ha registrado denuncia formal contra la magistrada, lo que genera fuertes sospechas sobre posibles favores internos o un manto de protección institucional.
Fuentes cercanas al Tribunal indican que la jueza estaría tramitando su jubilación en medio del escándalo, lo que podría dejarla fuera de todo proceso sancionatorio. Este accionar ha generado fuertes cuestionamientos por parte de sectores políticos, judiciales y de la ciudadanía.
Por otra parte, otro integrante del Superior Tribunal de Justicia fue señalado por dilatar la resolución sobre la convocatoria a elecciones constituyentes, en un hecho que, de confirmarse, afectaría directamente al proceso democrático de reforma institucional en la provincia. Las acusaciones apuntan a una presunta intención de “cajonear” el tratamiento del tema, lo que ha generado repudio en diversos sectores políticos locales.
Como si los escándalos judiciales no fueran suficientes, la gestión provincial enfrenta una ola de críticas por el gasto de 104 millones de pesos en la Fiesta Nacional del Invierno, un evento que duró solo una noche y que fue adjudicado vía compra directa a un privado, sin concurso ni licitación pública. El gasto millonario contrasta con las múltiples urgencias sociales y presupuestarias de la provincia, y refuerza la percepción de un manejo discrecional de los fondos públicos.
Los casos que involucran a Leonelli y Maiztegui Marcó desatan una de las crisis institucionales más graves del Poder Judicial fueguino en años. Diversas organizaciones exigen medidas urgentes y transparencia en los procesos, mientras la sociedad observa con indignación cómo se desmorona la confianza en una justicia que debería ser garante de la ley y no refugio de privilegios y abusos.
