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El comisionado del Gobierno para la reconstrucción de la dana, José María Ángel Batalla, ha presentado su dimisión por escrito tras conocer que la Fiscalía de Anticorrupción ha abierto una investigación sobre la consolidación de su plaza como funcionario ante las dudas que existían de su título universitario, según ha avanzado ‘Cadena Ser’.
El comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel Batalla, ha presentado este jueves su dimisión después de que la Agencia Valenciana Antifraude señalara que uno de los títulos que consta en su expediente de funcionario en la Diputación de Valencia es falso. Zulima Pérez, actual asesora de la secretaría de Estado de Política Territorial, le sustituirá en el puesto. Ängel deja también su cargo de presidente en el PSPV-PSOE.
«Quiero dejar claro que jamás he falsificado ningún documento y por supuesto jamás me he valido de ningún documento falso para acceder a ningún puesto», asevera en una carta dirigida al Ministerio de Política Territorial. A sus 68 años, deja el cargo y se jubila para defender «la verdad, mi honestidad y mi honor, que han sido puestos en entredicho por un procedimiento inquisitorial, secreto, mal intencionado y sin derecho de réplica».
Aunque Ángel recalca que no hubo irregularidades en su acceso a un puesto público en 1983 y su promoción a un nivel superior en 1986, no ha aclarado por qué Antifraude encontró un título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía en la Universidad de Valencia firmado en 1983, cuando según ha confirmado la institución académica, esos estudios no se ofertaron hasta 1990. La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias tras recibir el informe del organismo adscrito a las Cortes Valencianas, fechado en mayo y adelantado por el diario ‘El Mundo’. Todo un proceso que Ángel califica de «ruido» y «oportunismo».
«Se me está acusando de la comisión de conductas muy graves sin ningún tipo de prueba y sin que se me haya dejado defenderme en el procedimiento de la Agencia Antifraude, y con ello se está poniendo en entredicho toda mi credibilidad y honorabilidad. Y sinceramente, no aguanto. Mi amor a mi partido, a mis compañeros, mi compromiso con mi Gobierno y mi presidente me hacen tomar esta decisión para no ser titular de esta campaña de desgaste incansable que me provoca un gran dolor. Y lo hago por mí y por mi familia. Por tanto, me voy. Me jubilo», indica en la misiva al ministro Ángel Víctor Torres.
Desde que se desató la polémica, el Gobierno ha evitado defender a José María Ángel y desde Política Territorial -departamento al que está adscrito el comisionado- se limitaron a subrayar que se estaba recabando información. El PSPV-PSOE de Diana Morant pidió «prudencia» y ensalzó su labor como secretario autonómico de Emergencias durante los ocho años de gobierno de Ximo Puig en la Generalitat Valenciana.
Un título bajo sospecha
Antifraude concluyó que José María Ángel «no finalizó sus estudios universitarios en la Universidad de Valencia» por lo que el título de 1983 que consta en su expediente personal -«Diplomado en Archivística y Biblioteconomía»- «presumiblemente es falso, ya que, además, no constan evidencia de que dicha titulación sea real».
Fue nombrado funcionario de carrera en abril de 1983, como auxiliar técnico de archivo y biblioteca de la Diputación de Valencia, puesto para el que no se requiere una titulación superior. En 1986 promocionó como ayudante, para lo que sí sería necesario tener formación universitaria. Él defiende que en ese momento sólo era necesario superar un examen y presentar una memoria. Actualmente, está en una prórroga de la jubilación y mantiene una plaza de asesor técnico A1/A2 incardinada al grupo socialista, de acuerdo con fuentes de la Diputación, aunque se encuentra en comisión de servicios.
Según la agencia, el político -que fue 18 años alcalde de l’Eliana- «podría estar beneficiándose del reconocimiento de emolumentos superiores (sueldo, grado consolidado y trienos) a los que le corresponderían». En ese sentido, aprecia «indicios de que hayan tenido lugar conductas o hechos presumiblemente constitutivos de ilícitos administrativos disciplinarios por varios funcionarios de la Diputación de Valencia».
De hecho, apunta a dos de ellos -encargados del área de personal- por su «actuación negligente» al no haber realizado las «comprobaciones oportunas» para determinar si el título que constaba en el expediente de Ángel era veraz y haber «consentido y validado» su «situación irregular».
Además, la Diputación ha extendido la sospecha hacia su mujer. La corporación provincial ha abierto un expediente de información reservada a la subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM), Carmen Ninet, para esclarecer si tiene la titulación universitaria y los méritos necesarios para ocupar como personal laboral, una plaza de funcionario catalogada como A1 de libre designación.
Ante las sospechas de que la ex diputada autonómica del PSPV-PSOE no reúne ese requisito, se ha realizado un requerimiento de información sobre su acceso al puesto. Ninet se convirtió en subdirectora en 2016 tras un cambio en la Relación de Puestos de Trabajo.
Fuente ABC
