El Gobierno evalúa negociar la ampliación de la Corte Suprema con el kirchnerismo tras las elecciones

Buenos Aires, 2 de agosto de 2025 – Total News Agency – TNA –El Gobierno nacional estaría dispuesto a reabrir el debate sobre la integración de la Corte Suprema de Justicia luego de las elecciones de octubre. Según fuentes oficiales citadas por La Nación, el Ejecutivo no se sorprendió por la propuesta del senador kirchnerista José Mayans y considera que tras los comicios podría retomarse la negociación.

La oferta formalizada por Mayans plantea aumentar el número de integrantes de la Corte a nueve, con énfasis en la mayoría femenina. Además, el líder del bloque de Unión por la Patria en el Senado afirmó que el kirchnerismo aspiraría a proponer tres de los nuevos miembros, buscando así “equilibrio” con el oficialismo.

Este impulso se enmarca en un contexto con dos vacantes vigentes en el máximo tribunal, que actualmente cuenta con sólo tres jueces en actividad: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

Según reconstrucciones periodísticas, existía un acuerdo tácito entre el kirchnerismo y el Gobierno para avanzar en una ampliación de entre 7 y 9 miembros, con aportes de nombres de ambos sectores. No obstante, ese pacto se vio frustrado por dos hechos: el rechazo en el Senado a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en abril, y, posteriormente, la ratificación de la condena contra Cristina Kirchner por parte de la Corte en junio.

El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio –reportando al asesor presidencial Santiago Caputo– y el ministro bonaerense Juan Martín Mena, vinculado al entorno de Cristina Kirchner, habrían actuado como interlocutores en esos contactos exploratorios previos a la suspensión del diálogo.

Fuentes cercanas al Gobierno señalaron que la Casa Rosada se mantuvo al margen del debate durante los meses recientes, pero estaría dispuesta a retomarlo después de las elecciones generales del 26 de octubre, con miras a completar el tribunal supremo y cubrir también vacantes en la Procuración General.

De concretarse, el escenario institucional implicaría una redefinición del máximo órgano judicial, ampliando su composición original establecida en cinco magistrados, conforme a la ley vigente, hacia un cuerpo de nueve integrantes con una clara perspectiva de género y representación política compartida