Buenos Aires, 07 de agosto de 2025 – Total News Agency – TNA – La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá al banquillo de los acusados el próximo 6 de noviembre, cuando comience el juicio oral por la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas, considerada por la Justicia argentina como la mayor maniobra de corrupción de las últimas dos décadas. El proceso, que involucra a más de 140 imputados, investigará una presunta red de sobornos sistemáticos pagados por empresarios a funcionarios durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015) a cambio de contratos y beneficios estatales.
El Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7), integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, confirmó la fecha de inicio del juicio y ratificó embargos por un total superior a los 1.100 millones de dólares, incluyendo 294 millones en el expediente principal y 64 millones adicionales en cuentas en Suiza. Debido a la magnitud del caso, que abarca 10 expedientes conexos y 540 hechos de corrupción, el proceso se llevará a cabo de manera completamente virtual, una medida sin precedentes para garantizar la participación de los 147 acusados, sus defensores y los 630 testigos convocados.
La investigación, iniciada en 2018 tras una revelación periodística del diario La Nación y elevada a juicio oral en 2019 por el fallecido juez Claudio Bonadio, señala a Cristina Kirchner como presunta jefa de una asociación ilícita dedicada a recaudar coimas desde el Ministerio de Planificación Federal. La fiscal general Fabiana León, quien liderará la acusación, describió el caso como “la investigación judicial más extensa de la historia argentina, comparable con pocas a nivel mundial”. Entre las pruebas figuran los cuadernos del exchofer Oscar Centeno, quien registró detalladamente los traslados de dinero, confesiones de empresarios y exfuncionarios “arrepentidos”, informes de la AFIP, registros bancarios y grabaciones de cámaras de seguridad.
Entre los principales imputados, además de Kirchner, se encuentran el exministro de Planificación Julio De Vido, su exsubsecretario Roberto Baratta, el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, el exsecretario de Obras Públicas José López y empresarios como Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Ángelo Calcaterra, Enrique Pescarmona y Néstor Otero. Los cargos incluyen asociación ilícita, cohecho pasivo y activo, admisión de dádivas y encubrimiento, entre otros. Testigos clave, como la exsecretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, y los periodistas Diego Cabot, Candela Ini y Santiago Nasra, que destaparon el escándalo, también declararán en el juicio.
La causa, que abarca 26 calificaciones jurídicas, se centra en una estructura que habría operado desde el Ministerio de Planificación para recolectar pagos ilegales a cambio de contratos de obra pública y concesiones. Según la acusación, los sobornos eran entregados en efectivo, mayormente en dólares, en “puntos fijos de recaudación” donde se reunían funcionarios y empresarios. Algunos imputados, como Wagner, admitieron haber pagado coimas, mientras que otros, como Kirchner, han denunciado una persecución política orquestada durante el gobierno de Mauricio Macri.
Paralelamente, Kirchner cumple una condena firme de seis años de prisión por el caso Vialidad, donde se le atribuyó una defraudación al Estado por 537 millones de dólares. Ella y otros ocho condenados en esa causa tienen hasta el 13 de agosto para depositar los montos establecidos por la Corte Suprema, bajo apercibimiento de ejecución de sus bienes. En caso de una sentencia condenatoria en los Cuadernos, se evaluará el decomiso actualizado de los activos embargados.
La audiencia preliminar, destinada a organizar el proceso y limitar la prueba a lo esencial, está programada para el 24 de septiembre. La Cámara de Casación Penal instó al TOF 7 a agilizar el juicio, rechazando planteos dilatorios, como el del empresario Carlos Wagner, quien buscó anular la causa alegando presiones en su declaración como “arrepentido”. La Corte Suprema también desestimó recursos similares, consolidando el camino hacia el debate oral.
Este megajuicio, que promete ser uno de los más complejos de la historia judicial argentina, no solo pone en el centro a Kirchner, sino también a una red de exfuncionarios y empresarios que, según la Justicia, participaron en un esquema de corrupción sin precedentes.
