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Buenos Aires, 06 de agosto de 2025-Total News Agency-TNA-La oposición en la Cámara de Diputados de Argentina aprobó este miércoles, con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, la media sanción de un proyecto de ley que busca garantizar y fortalecer el financiamiento de las universidades nacionales, en un claro desafío al presidente Javier Milei, quien vetó una iniciativa similar en 2024. La propuesta, que ahora pasará al Senado, propone actualizar automáticamente los gastos de funcionamiento de las casas de estudios, hospitales universitarios y partidas para investigación en base a la inflación, además de ordenar la convocatoria a paritarias en un plazo de tres meses para recomponer los salarios de docentes y personal no docente, y aumentar las becas estudiantiles.
El proyecto, impulsado por el bloque radical disidente Democracia para Siempre en conjunto con los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), contó con un amplio respaldo de sectores opositores, incluyendo Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y la Unión Cívica Radical (UCR). Sin embargo, la ausencia de 19 legisladores impidió alcanzar los dos tercios necesarios por un solo voto, lo que habría asegurado la aprobación frente a un eventual nuevo veto presidencial. Este amplio apoyo evidencia la fuerza de la oposición para insistir en el tema, en un contexto de tensión con el oficialismo, que intentó sin éxito impedir el quórum negociando con gobernadores.
La iniciativa responde a la crisis presupuestaria que enfrentan las universidades públicas, agravada por la prórroga del presupuesto 2023 y la falta de una ley de presupuesto para 2024 y 2025. Según el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti), el presupuesto universitario para 2025 implica una caída real del 34,4% en dos años, mientras que los salarios docentes y no docentes han perdido un 23,7% de poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y agosto de 2024, según la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu). El proyecto busca revertir este deterioro mediante ajustes automáticos por inflación y la recomposición salarial a partir de diciembre de 2023, además de garantizar auditorías por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Durante el debate, la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning destacó la importancia estratégica de la educación superior: “La universidad pública no es un gasto, es una inversión en el desarrollo del país. Priorizar la educación, la ciencia y la tecnología no va en contra de la responsabilidad fiscal”. Por su parte, Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal, subrayó que “invertir en las universidades es una prioridad estratégica, no un privilegio”. En contraste, el oficialismo, liderado por La Libertad Avanza (LLA) y respaldado por el PRO, argumentó que la ley compromete el equilibrio fiscal, una prioridad del gobierno de Milei. Desde el sector libertario, Santiago Santurio advirtió que la iniciativa “podría destruir el superávit fiscal, afectando a los más vulnerables”.
La votación reflejó apoyos inesperados, como el de los tres diputados tucumanos del bloque Independencia, alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo, quien mantiene tensiones con la Casa Rosada. Por otro lado, las ausencias de figuras clave como los radicales Pamela Verasay y Lisandro Nieri, cercanos al gobernador mendocino Alfredo Cornejo, y la diputada del PRO Silvia Lospennato, marcaron la estrategia oficialista para debilitar el quórum. A pesar de estos esfuerzos, el tablero marcó 131 legisladores presentes al mediodía, superando el mínimo de 129 necesario para sesionar.
El proyecto, que también incluye la declaración de emergencia en pediatría por la crisis del hospital Garrahan y propuestas para coparticipar impuestos a combustibles líquidos, forma parte de una “mega sesión” que representa un revés legislativo para el gobierno. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la ley de 2024, similar a la actual, implicaba un costo fiscal de $738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI. Fuentes opositoras estiman que el impacto actualizado para 2025 rondaría el billón de pesos, aunque el oficialismo sostiene que superaría el billón y medio.
La aprobación en Diputados coloca al gobierno de Milei en una posición delicada, ya que un eventual veto enfrentará una oposición fortalecida en el Senado, donde el peronismo kirchnerista y sectores de la UCR tienen mayor peso. La comunidad universitaria, que protagonizó masivas marchas en 2024, incluyendo una con 300.000 personas en Buenos Aires, podría reactivar movilizaciones si el Ejecutivo insiste en bloquear la norma. El debate pone en evidencia la tensión entre el ajuste fiscal impulsado por Milei y la defensa de la educación pública como pilar de desarrollo, en un contexto donde la popularidad presidencial, según encuestas recientes, ha caído al 42% en octubre de 2024.
