Madrid, 11 de agosto de 2025 – Total News Agency-TNA– Los Londinenses aún no logran verlos movimientos de policías chinos patrullando junto al Támesis, pero muchos teman que estarán justo frente a la Torre de Londres, mientras cámaras de alta potencia vigilen la zona. Este lugar tan simbólico adquiere una nueva amenaza: la posibilidad de erigir allí la mayor embajada china del mundo, en los terrenos de la antigua Royal Mint, adquiridos por Pekín en 2018.
El proyecto contempla una instalación colosal de 20.000 m² que, además de su impacto urbanístico, despierta reticencias sobre su potencial para convertirse en un centro de poder y espionaje tecnológico. Se señala que justo debajo de esa zona circulan cables de fibra óptica que conectan a las principales instituciones gubernamentales y empresas de la City, así como una central telefónica activa del Wapping Telephone Exchange. Expertos advierten que un acceso malicioso a esta infraestructura podría permitir interceptar información sensible de manera casi indetectable.
Desde 2020 y en varias ocasiones, manifestantes han protestado por esta construcción. Su rechazo se vincula también con informes de la ONU sobre graves violaciones a los derechos humanos en Xinjiang, Tíbet y Hong Kong, que posicionan simbólicamente esta embajada como parte de un nuevo orden mundial autoritario.
Huawei: espionaje, control tecnológico y controversia internacional
Este debate no se limita al Reino Unido. En España, el reciente contrato del Ministerio del Interior con la empresa Huawei, por 12,3 millones de euros para almacenar legalmente escuchas judiciales, ha elevado las alarmas. El Ejecutivo defiende que el sistema es “estanco” y sin conexión externa, y que esas grabaciones corresponden a la policía y no al espionaje político. Aun así, congresistas estadounidenses han solicitado revisar los acuerdos de inteligencia entre Washington y Madrid, advirtiendo sobre el riesgo de que datos sensibles puedan ser accedidos por el Partido Comunista Chino.
Huawei ha enfrentado acusaciones de espionaje industrial y fraude desde hace varios años. En EE. UU. fueron presentados cargos por conspirar para violar sanciones contra Irán y robar secretos industriales, mediante complejas redes financieras opacas. En julio de 2025, un tribunal estadounidense rechazó invalidar la mayoría de estos cargos, confirmando su validez legal. El juicio está programado para mayo de 2026
Investigaciones académicas —como las publicadas en Wikipedia— revelan que cientos de empleados de Huawei habían sido formados en academias militares chinas, lo que sugiere una relación estructurada entre la compañía y los servicios secretos del Estado chino.
En el plano técnico, se han identificado vulnerabilidades críticas en routers y software de Huawei, muchas sin parchear o transparentadas adecuadamente, poniendo en duda la fiabilidad de su seguridad cibernética frente a ataques o intervenciones externas.
Huawei, por su parte, rechaza rotundamente estas acusaciones. Afirma que nunca se ha demostrado legalmente actividad de espionaje por parte de la empresa y defiende su liderazgo en ciberseguridad basada en principios de neutralidad tecnológica. La firma destaca que los datos residen en los operadores, no en Huawei.
La convergencia de factores —la posible construcción de la embajada china frente a la Torre de Londres, el papel de Huawei en contratos estratégicos y las sospechas fundadas de control tecnológico y espionaje— componen un escenario donde se entrecruzan geopolítica, infraestructuras críticas y derechos individuales. Este panorama, que une Londres y Madrid, evidencia un fenómeno global: la expansión silenciosa pero poderosa de una China cada vez más estratégica en el tablero internacional.
Tensión política: la influencia china en España como soporte al poder de Pedro Sánchez
En los últimos meses, España ha visto multiplicarse los escándalos vinculados a la creciente presencia de tecnología china en infraestructuras clave, y cómo ciertos contratos estratégicos podrían convertirse en herramientas para apuntalar al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Contratos sensibles bajo lupa internacional
El Ministerio del Interior adjudicó a Huawei un contrato de 12,3 millones de euros para el almacenamiento de escuchas telefónicas judicialmente autorizadas mediante servidores OceanStor 6800 V5. Esta decisión ha generado una fuerte reacción internacional: tanto Estados Unidos como la Comisión Europea han advertido sobre los graves riesgos de seguridad que supone emplear a un proveedor chino en infraestructura crítica. Washington incluso ha limitado temporalmente el intercambio de inteligencia con España y ha exigido la revisión del contrato, condicionando la continuidad de esa cooperación.
Redespaldos políticos y entramados de influencia
El Partido Popular no ha desaprovechado la ocasión: acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de “poner en riesgo la seguridad nacional” y de facilitar una trama de corrupción que involucra a exlíderes del PSOE y consultoras afines, como Acento, vinculada a José Blanco.
José Luis Rodríguez Zapatero ha sido señalado como un activo mediador para que Huawei mantuviera y fortaleciera su presencia en España. Su antiguo responsable de seguridad en Moncloa, Segundo Martínez, ahora trabaja en la misma compañía, lo que genera sospechas sobre la continuidad de estas relaciones políticas y empresariales.
Otras figuras vinculadas incluyen a Theresa Jamaa, exvicepresidenta de Huawei España y pareja del ministro de Exteriores José Manuel Albares, quien fue luego nombrada consejera de Hispasat –una compañía de comunicaciones clave para el Estado–. También se menciona a Fangyong Du, financiado por Zapatero para su think tank prochinés, tras ser rechazado para la nacionalidad por su presunta vinculación con el espionaje chino.
Un encuadre geopolítico favorable
Paralelamente, la prensa estatal china ha elogiado al Gobierno de Sánchez como “referente” por su postura pragmática hacia China, a pesar del creciente cerco de Bruselas y Washington. En la misma línea, España ha evitado adoptar una política más dura contra Huawei, mientras otros países europeos imponían vetos y restricciones.
La estrategia tecnológica del Ejecutivo de Sánchez, caracterizada por una notable presencia de Huawei en sistemas críticos del Estado, se ha convertido en una pieza clave en las dinámicas de poder político y geoestratégico. Contratos polémicos, redes de influencia política y presiones internacionales convergen en un escenario donde el apoyo a China podría estar permeando la política española de manera estructural.
