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Buenos Aires, 12 de agosto de 2025-Total News Agency-TNA- -La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, actualmente bajo arresto domiciliario, busca esquivar el decomiso de 537 millones de dólares ordenado en el caso Vialidad por administración fraudulenta, a través de dos escritos presentados por su abogado Carlos Beraldi ante la Cámara Federal de Casación Penal. La suma, que debe afrontarse solidariamente con otros condenados como Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti, fue intimada por el juez federal Jorge Gorini, pero la rea Fernández de Kirchner sostiene no poseer bienes derivados del delito, un argumento que críticos consideran una maniobra dilatoria, especialmente tras haber transferido en 2016 su patrimonio —propiedades, depósitos y acciones— a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, quedando solo con su jubilación como ingreso declarado.
Con plazo hasta este miércoles 13 de agosto para cumplir, el monto de 684.990.350.139,86 pesos —equivalente a los 537 millones de dólares— fue avalado por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, tras informes periciales de la Corte Suprema y el Ministerio Público Fiscal. La Fiscalía presentó cálculos similares, uno de 723.890.304.604,90 pesos con el CER del BCRA, mientras que el perito de la defensa, José Lucas Gaincerain, estimó solo 42.494.357.845,17 pesos.
Beraldi, acompañado por Ary Llernovoy, cuestiona la competencia del TOF 2, argumentando que el decomiso debe tramitarse en el fuero civil y comercial, y pide suspender toda ejecución patrimonial hasta una sentencia firme sobre el monto. La defensa critica que el tribunal usó el índice de precios al consumidor (IPC) sin justificar por qué descartó tasas bancarias, generando valores “artificialmente altos” y violando el derecho de defensa y el principio de juez natural. Según Beraldi, en casos como Hotesur y Los Sauces se aplicó la tasa activa del Banco Nación, que aquí reduciría la cifra “cien veces”. Además, sostiene que el monto original era provisorio y se tomó como definitivo sin debate previo.
Fernández de Kirchner insiste: “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado, ni bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”. Añade que su evolución patrimonial y la de su familia es “absolutamente legítima”, respaldada por fallos judiciales previos. Sin embargo, las transferencias de 2016 a sus hijos, realizadas ante la inminencia de procesos judiciales, son vistas como un intento premeditado de insolventarse, lo que podría llevar a la Justicia a embargar bienes heredados para resarcir al Estado por sobreprecios y obras no ejecutadas en Santa Cruz, eje del juicio iniciado en 2019.
Beraldi solicita a los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña anular la resolución del TOF 2, dictar un nuevo fallo y suspender ejecuciones patrimoniales. Este movimiento se suma a recursos recientes, como la apelación fallida ante la Corte Suprema para remover la tobillera electrónica impuesta en su arresto domiciliario, ratificado en junio de 2025 tras la condena a seis años de prisión.
Profesionales consultados por TNA consideran estos planteos una estrategia para retrasar el cumplimiento de la sentencia, en un contexto donde el decomiso busca compensar al Estado por irregularidades en la obra pública. Si no se efectúa el pago, la Justicia podría avanzar sobre bienes vinculados, incluidos los transferidos a sus herederos, intensificando el escrutinio sobre las maniobras de Fernández de Kirchner para proteger su patrimonio.
