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IsraelDurante la audiencia pública del proyecto San Jorge Cobre Mendocino, el exgobernador peronista Arturo Lafalla resultó ser una de las voces más críticas. Su planteo, centrado en cuestionar los beneficios económicos de la iniciativa, desató una inesperada réplica por parte del diputado provincial del PRO Guillermo Mosso, quien lo acusó de “simplificar una industria compleja y de desconocer las etapas técnicas del negocio minero”.
Lafalla había expuesto con tono severo y una cuenta aparentemente sencilla: cuánto se invierte, cuánto se gana, cuánto queda de beneficio. Pero esa fórmula -según el legislador- es más propia de un almacén que de un proyecto minero. “La minería no es un kiosco”, disparó el diputado, visiblemente molesto por lo que consideró una “falla técnica de trazo grueso”.
En su exposición, que transmitió el canal de YouTube del ministerio de Ambiente y Energía de la Provincia, Lafalla subrayó “la urgencia de esclarecer los verdaderos beneficios fiscales y de rentabilidad para la provincia, la Nación y el municipio antes de otorgar cualquier aprobación”.
Respuesta al CEO de San Jorge
El exgobernador advirtió que “la compañía no explicita el valor del cobre y el oro que se planea extraer. Y ante la afirmación del CEO de la empresa de que no puede hacer “futurología” sobre los precios, replicó: “Hoy el cobre tiene precio”. Basándose en las 653.441 toneladas de concentrado de cobre y oro que el propio informe del proyecto proyecta obtener —según la página 93—, estimó un valor total cercano a 7.558 millones de dólares (6.288 millones por el cobre y 1.270 millones por el oro)”.
“Ningún inversor hace una inversión si no tiene una previsión -añadió- y un cálculo de rentabilidad, afirmó. Según sus estimaciones, con sus propios números la empresa estaría duplicando la inversión inicial, algo que, dijo, “no ocurre en ninguna actividad lícita hoy en el mundo”.
Lafalla exigió que tanto la empresa como el Gobierno provincial expliquen el origen de la cifra de 1.315 millones de dólares y detallen cuánto de ese monto quedará efectivamente en Mendoza y en municipios como Uspallata y Las Heras. Quiso ser tajante: “No se puede aprobar este proyecto si estos números no están claros”.
Para responder y escalar en la polémica, Mosso le respondió en su cuenta de X, que -dicho se a de paso, estuvo caída casi todo el día- y acusó al exmandatario de mezclar datos de distintas fuentes sin aplicar ninguna metodología reconocida para evaluar rentabilidad. “No se puede hablar de beneficios sin entender en qué etapa está el proyecto ni cómo se calcula la viabilidad económica”, sostuvo, en un mensaje que pareció más pedagógico que político, con gráfico incluido.
El proyecto San Jorge se encuentra en etapa de prefactibilidad avanzada, tramitando la Declaración de Impacto Ambiental. Recién después de obtener ese permiso se inicia la fase de factibilidad, que incluye ingeniería de detalle, estimación de costos e ingresos y confirmación de viabilidad económica. Pretender cifras definitivas ahora -según el diputado- es “desconocer cómo funciona la minería”.
El caso Josemaría
Para reforzar su argumento, el legislador citó el caso de Josemaria, otro proyecto minero que obtuvo su Declaración de Impacto Ambiental en 2022 y aún sigue ajustando estudios para asegurar inversiones. “Así funciona esta industria: primero permisos, luego factibilidad ajustada, y recién después la decisión final de inversión”, explicó.
El ex-gobernador Lafalla presentó un cálculo simplista sobre la rentabilidad minera.
Copio artículo de mi web caída (que los genios de @neolo aún no me solucionan), donde explico por qué está equivocado y cómo se mide en serio la rentabilidad de un proyecto minero pic.twitter.com/90YR0rEYiV— Guillermo Mosso (@guillemosso) August 12, 2025
“La rentabilidad minera -agregó- no se calcula con una simple multiplicación de toneladas por precio. Se utilizan estándares internacionales como JORC (Australia) o NI 43-101 (Canadá), que incluyen proyecciones de precios, estimaciones de costos de capital y operativos, análisis de vida útil de la mina, y descuentos de flujo de fondos para obtener el valor presente neto”.
Además, señaló que los costos de construcción suelen desviarse por imprevistos. “Hasta una refacción doméstica se encarece. ¿Cómo no va a pasar en minería?”, ironizó. Citó el caso de Quebrada Blanca II en Chile, que duplicó su presupuesto inicial, y recordó el antecedente de Potasio Río Colorado en Mendoza.
“Otro factor clave es la volatilidad de los precios internacionales. El diputado mencionó el caso del litio, cuyo valor pasó de U$S 25.000 a U$S 70.000 por tonelada y luego cayó a U$S 10.000. “Sólo los proyectos de mayor calidad sobreviven a esas oscilaciones”, advirtió, para reforzar que no se puede proyectar rentabilidad con un precio único.
También cuestionó la afirmación de Lafalla sobre supuestas rentabilidades del 100%. “Eso no existe. Las leyes de mineral cambian, los precios fluctúan y los costos también. Cada proyecto tiene su propia dinámica y riesgo”, explicó, en lo que pareció un intento por desmontar el mito de la minería como negocio descomunal.
La controversia se intensificó porque el exgobernador mencionó el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) como parte del análisis. El diputado lo corrigió: “El proyecto San Jorge no está adherido al RIGI. No tiene sentido incluirlo en el debate como si fuera un beneficio vigente”.
Según el legislador, el RIGI busca atraer inversiones de largo plazo en sectores de capital intensivo, no solo minería. “Un proyecto minero atraviesa cuatro o cinco gestiones de gobierno. Sin estabilidad, no hay inversión”, remarcó, en defensa del régimen que ha generado controversias en otros ámbitos.
La intervención de Lafalla, aunque celebrada por algunos sectores ambientalistas, fue calificada por el diputado como “una simplificación que suena bien pero no resiste análisis técnico”. Y agregó: “Opinar en público exige rigor, sobre todo si se ha sido gobernador”.
La frase final de Mosso fue lapidaria: “Defender la minería no es defender una empresa. Es defender una industria que puede aportar desarrollo, empleo e ingresos a Mendoza, si se la deja avanzar cumpliendo estándares internacionales y exigencias legales”.
La audiencia pública dejó en evidencia que el debate sobre San Jorge no es solo técnico ni ambiental. También puede ser político.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.
Fuente Mendoza Today
