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Buenos Aires, 16 de agosto de 2025-Total News Agency-TNA-.La investigación judicial y política sobre los lotes contaminados de fentanilo volvió a poner en primer plano a la droguería Alfarma SRL, propiedad de Ariel García Furfaro, empresario farmacéutico y titular de laboratorios vinculados al caso. Documentos oficiales confirman que la firma obtuvo contratos por más de 18 millones de pesos con dependencias nacionales apenas semanas antes de que estallara el conflicto, lo que plantea serias dudas sobre el sistema de controles y la trazabilidad estatal.
Adjudicaciones millonarias en plena antesala del escándalo
En febrero de 2025, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS) perfeccionó la Orden de Compra Nº 88-0005-OC25, en el marco del proceso 88-0005-LPU24, segun informo NA. El contrato, con vigencia de 30 días corridos a partir del 25 de febrero, incluyó provisión de adrenalina, antibióticos, antiulcerosos y otros insumos hospitalarios por un total de $16.074.194, a ser entregados en el Servicio de Farmacia de Mar del Plata.
Un mes después, en abril de 2025, el Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo” adjudicó a la misma droguería dos renglones de una compulsa abreviada de urgencia destinada a la campaña contra el dengue. Alfarma fue proveedora de soluciones de rehidratación y sueros por un monto de $2.201.996, con informes técnicos que avalaron la aptitud de la empresa. En ese expediente figura la presentación de certificados de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales, todos firmados por García Furfaro como socio gerente.
Controles tardíos y sanción de ANMAT
A pesar de estas contrataciones, apenas semanas después la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) suspendió preventivamente la habilitación de Alfarma para realizar tránsito interjurisdiccional de medicamentos. La Disposición 3989/2025, fechada el 12 de junio, señaló incumplimientos graves y muy graves detectados en la planta de Rosario: ausencia de documentación de distribución y fallas en la trazabilidad de movimientos informáticos.
La decisión, de carácter precautorio, expuso la contradicción entre la asignación de contratos millonarios y la falta de controles efectivos que solo se aplicaron una vez que el escándalo ya había ganado espacio público.
Antecedentes provinciales: La Pampa había cortado vínculos
En contraste, el Ministerio de Salud de La Pampa informó que desde 2022 mantiene suspendida toda relación comercial con Alfarma, tras detectar irregularidades en controles previos. La provincia también aclaró que no registra compras con Droguería Nueva Era desde 2017. Ese antecedente revela que ya existían alertas previas sobre el desempeño de la firma, aunque no fueron replicadas en la órbita nacional.
La defensa de Furfaro y sus versiones
Bajo presión judicial y mediática, García Furfaro negó responsabilidad directa en la contaminación y la atribuyó a un extrabajador o incluso a un sabotaje. En declaraciones públicas, afirmó haber dispuesto un retiro voluntario de material el 8 de mayo, antes de las prohibiciones dictadas por ANMAT, y cuestionó la solidez técnica de los informes regulatorios. También relativizó la peligrosidad de la bacteria detectada —Klebsiella— asegurando que “está en el 90% de los sanatorios”.
La respuesta oficial: “Connivencia política”
El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, endureció el tono y afirmó que “Furfaro y esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política”. En declaraciones públicas, sostuvo que su gestión fue “la primera en poner un freno” y abrió un sumario interno en el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) para establecer responsabilidades. Lugones también apuntó a la meteórica trayectoria del empresario: “Pasó de tener una verdulería en el conurbano a manejar aviones. ¿Cómo creció tanto si no fue con connivencia política?”, se preguntó, recordando además los intentos frustrados de Alfarma para intervenir en la importación de vacunas Sputnik durante el gobierno de Alberto Fernández.
Cronología crítica: compras y sanciones
- Febrero 2025: INAREPS adjudica a Alfarma por $16.074.194.
- Abril 2025: Hospital Carrillo asigna $2.201.996 por vía abreviada.
- Mayo–junio 2025: se inician allanamientos y denuncias públicas.
- 12 de junio de 2025: ANMAT dicta la suspensión preventiva de Alfarma.
El contraste es nítido: mientras en los primeros meses del año la droguería se aseguraba contratos con dependencias nacionales, a mediados de junio los controles regulatorios detectaban falencias graves y la Justicia avanzaba en paralelo con la causa penal.
Perspectiva judicial y administrativa
La investigación penal busca determinar responsabilidades en la contaminación de los lotes de fentanilo, mientras ANMAT sostiene la suspensión administrativa hasta que la firma acredite el cumplimiento de las buenas prácticas de distribución. El sumario interno en INAME agrega otra capa de revisión sobre el funcionamiento de los propios organismos estatales.
El caso, en definitiva, deja planteado un interrogante sobre la eficacia de los controles en 2024 y 2025: cómo una empresa que meses más tarde sería objetada por la autoridad sanitaria pudo proveer medicamentos a hospitales nacionales en plena crisis sanitaria.
