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Mar del Plata, 16 de agosto de 2025-Total News Agency-TNA-.La viralización de un video en redes sociales que muestra a delfines y otros animales marinos en condiciones dudosas en el predio del Aquarium de Mar del Plata desató un escándalo que golpea de lleno a la gestión del intendente Guillermo Montenegro. El jefe comunal se vio forzado a presentar una denuncia penal, aunque admitió que se enteró de la situación recién por las imágenes difundidas en internet, lo que dejó al descubierto la ausencia de controles e inspecciones preventivas por parte del municipio.
Montenegro, apelando a la Ley 14.346 de Maltrato Animal, solicitó a la Fiscalía que se investigue el estado de los ejemplares, en particular de los delfines que aún permanecen en el complejo cerrado. Requirió una inspección ocular urgente y una pericia a cargo de veterinarios y especialistas en fauna para determinar la salud de los animales, establecer responsabilidades jurídicas y evaluar la necesidad de dictar medidas cautelares que aseguren su reubicación o tratamiento.
Sin embargo, la reacción oficial llegó tarde. La Municipalidad, que tiene la potestad de otorgar habilitaciones y la obligación de controlar comercios y predios como el Aquarium, no realizó inspecciones regulares en los últimos meses, pese a que la empresa ya no realizaba espectáculos y se encontraba en un proceso de desmantelamiento. El intendente, lejos de prevenir o sancionar, terminó actuando solo después del repudio público generado por la viralización del material audiovisual.
Desde el Aquarium buscaron relativizar la polémica. El biólogo Alejandro Saubidet aseguró que los delfines “están perfectos, con el peso adecuado y bajo cuidado veterinario desde hace 30 años”, y explicó que el agua verdosa observada en los tanques “responde a la presencia natural de microalgas” y no implica un riesgo sanitario. Además, sostuvo que el agua se mantiene calefaccionada a 20 grados y que los controles microbiológicos “son óptimos”. Incluso afirmó que la fauna del predio está bajo supervisión de autoridades provinciales.
Las declaraciones no alcanzaron para frenar la indignación ciudadana. Organizaciones animalistas y vecinos cuestionaron que el municipio se excuse en desconocimiento, cuando su rol institucional es garantizar inspecciones periódicas y condiciones mínimas de bienestar animal. Para los críticos, la denuncia presentada por Montenegro no hace más que evidenciar la falta de gestión preventiva y la desidia de su administración frente a una problemática que llevaba tiempo sin resolverse.
El caso del Aquarium no es nuevo. Desde hace años se multiplican las denuncias por las condiciones en que se mantenían los animales en el complejo, que llegó a ser uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Las organizaciones defensoras de fauna habían advertido en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de trasladar a los delfines y de reubicar a otras especies marinas. Sin embargo, ni el municipio ni la empresa operadora avanzaron en soluciones concretas.
La causa judicial ahora deberá determinar si existió maltrato o negligencia, pero la polémica ya instaló un debate político más profundo: el rol del municipio en la fiscalización de espacios privados con fauna silvestre y la ineficacia de los controles locales. En este sentido, la denuncia tardía de Montenegro aparece más como una reacción defensiva frente al escándalo mediático que como una verdadera política de protección animal.
