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Por Dario Rosatti
BUENOS AIRES, 19 de agosto de 2025-Total News Agency-TNA-.La ola de hackeos que golpea al Estado argentino no solo desnuda la vulnerabilidad de los sistemas digitales, sino también la precariedad institucional con la que el gobierno encara la defensa cibernética. Con bases de datos militares y sanitarias vendidas en foros clandestinos, la improvisación oficial y la falta de coordinación entre agencias colocan al país en una situación crítica frente a amenazas que exceden lo meramente tecnológico.
Información sensible en manos de ciberdelincuentes
En las últimas semanas se difundieron filtraciones de enorme magnitud. Una base con 84 000 registros de miembros del Ejército Argentino, incluyendo DNI, correos oficiales y contactos de emergencia, apareció en foros delictivos, mientras que el grupo de ransomware Warlock se adjudicó el robo de información de la fundación ArgenINTA. El golpe más grave fue la exposición de casi 4 millones de registros del ministerio de Salud, entre ellos 14 715 fotografías —algunas de menores de edad— junto con datos de cobertura médica.
La magnitud de estas filtraciones no tiene precedentes: involucra no solo la privacidad de millones de ciudadanos, sino también la seguridad de las Fuerzas Armadas y la infraestructura crítica del país.
Conducciones cuestionadas y organismos fragmentados
La crisis vuelve a colocar bajo la lupa a Ariel Waissbein, director de la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), perteneciente a la SIDE. Aunque reconocido en el ámbito académico, Waissbein es cuestionado por la falta de transparencia y coordinación de su gestión. Distintas fuentes del sector señalan que administra la información con un alto grado de hermetismo, lo que habría generado tensiones con otras áreas de inteligencia.
Del mismo modo, Federico Pierri, titular de la Dirección Nacional de Ciberseguridad, acumula críticas por la escasa capacidad de articulación. Su rol interino, prorrogado desde 2024, refuerza la sensación de precariedad institucional en un área que debería ser estratégica.
A esta debilidad en las conducciones se suma un entramado de agencias con competencias superpuestas: organismos que deberían complementarse, pero que en la práctica operan de manera fragmentada y sin liderazgo unificado.
Preocupación internacional
Fuentes reservadas confirmaron a TNA que agencias de inteligencia extranjeras con vínculos estrechos con la Argentina han expresado preocupación por la debilidad en la custodia de datos sensibles. Temen que la falta de blindaje digital convierta al país en un eslabón débil dentro de los circuitos de intercambio de información estratégica, lo que podría derivar en una reducción del flujo de cooperación en materia de seguridad y defensa.
La percepción en el exterior es clara: la Argentina no está preparada para proteger ni siquiera su propia información, lo que eleva los riesgos de exponer datos compartidos por aliados en operaciones conjuntas.
Silencio oficial y riesgo geopolítico
Frente a esta crisis, el silencio del presidente Javier Milei y la ausencia de un plan de acción resultan alarmantes. El gobierno, más preocupado por la agenda económica y las elecciones, no ha ofrecido respuestas concretas a un escenario que amenaza tanto la privacidad ciudadana como la seguridad nacional.
La falta de inversión, las tensiones internas y la ausencia de conducción política consolidan un cuadro de vulnerabilidad que expone al país no solo a ciberdelincuentes comunes, sino también a posibles operaciones de inteligencia extranjera. En un mundo donde la guerra digital es un componente central de la geopolítica, la Argentina aparece sin escudos ni estrategia.
La ola de hackeos no es solo una falla técnica: es el síntoma de un Estado desprotegido, sin rumbo claro en su defensa digital y sin liderazgo capaz de enfrentar una amenaza que recién comienza.
Recuadro explicativo: el laberinto de la ciberseguridad argentina
- AFC (Agencia Federal de Ciberseguridad): dirigida por Ariel Waissbein. Órgano central en la materia, criticado por la falta de coordinación interinstitucional.
- DNIC (Dirección Nacional de Inteligencia Criminal), Ministerio de Seguridad: responsable de la seguridad nacional y de la prevención de delitos informáticos. Su trabajo depende de la cooperación con Defensa, pero las tensiones internas limitan su eficacia.
- DNIEM (Dirección Nacional de Infraestructura y Equipamiento Militar), Ministerio de Defensa: custodia la seguridad informática militar y la información estratégica de las Fuerzas Armadas.
- DNIC y DNIEM: deberían actuar de manera conjunta para proteger al país de ciberamenazas, pero lo que predomina es la fragmentación y la burocracia.
- Dirección Nacional de Ciberseguridad (DNC): a cargo de Federico Pierri, bajo el Ministerio de Seguridad Nacional, cuestionada por falta de liderazgo y precariedad administrativa.
