El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, presentó este lunes un paquete de medidas destinadas a acompañar a personas con discapacidad y a las instituciones que las asisten en la capital provincial. La iniciativa se da en un contexto político sensible: en la última semana se desató un escándalo de corrupción vinculado a la Agencia Nacional de Discapacidad, que salpica al entorno del presidente Javier Milei y su hermana, Karina, mientras el Congreso debate la objeción presidencial a la ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.
En el Espacio de Convergencia Social (ECoS), Suárez detalló la creación de un Equipo Técnico Terapéutico de Refuerzo -integrado por especialistas en atención temprana, pedagogía terapéutica, terapia ocupacional y fonoaudiología- hasta fin de año, con un presupuesto de $12 millones. La intención es reforzar las terapias existentes, apoyar a centros de día, institutos y hogares, y garantizar accesibilidad y acompañamiento articulado a estas instituciones.
Además, el municipio otorgará un subsidio excepcional de hasta $2 millones por institución, con un monto total de $18 millones, para aliviar dificultades económicas de organizaciones locales que trabajan con personas con discapacidad. La medida se canaliza a través del Programa de Vinculación Comunitaria “Construyendo Puentes”, que también ofrece asesoramiento jurídico y contable.
Suárez defendió la iniciativa como un equilibrio entre orden fiscal y sensibilidad social. “Estamos convencidos de que mantener las cuentas públicas ordenadas es necesario, pero debe ir de la mano de la inclusión y el bienestar”, dijo, en un mensaje que busca marcar una distancia con la gestión nacional en el área de discapacidad, cuestionada por denuncias de sobornos y manejos opacos en la compra de medicamentos y el veto presidencial a la ley nacional de Emergencia en Discapacidad.
El intendente también destacó la continuidad de programas municipales iniciados desde 2019, que incluyen talleres deportivos y culturales, becas formativas, espacios de orientación vocacional y congresos internacionales sobre inclusión. Según datos de la comuna, actualmente 6.500 personas con Certificado Único de Discapacidad se benefician de estas políticas locales.
Desde las organizaciones sociales, el anuncio fue valorado como un gesto concreto en un contexto donde la falta de acción estatal nacional genera angustia e incertidumbre. “El Estado nacional se está retirando de estos espacios sensibles y que el municipio se anime a dar este paso es fundamental”, afirmó el director del Centro de Día Apando.
Con esta estrategia, la idea es consolidar la gestión local para la discapacidad y plantar políticamente un contraste frente a la controversia nacional, en un año electoral marcado por la tensión sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.
Fuente Mendoza Today
