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El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy al jefe de Seguridad de Nordelta Ariel De Vicentis por presunta obstrucción de la justicia, acusado de haber obstaculizado el procedimiento en el cual se ordenó secuestrar el celular de Jonathan Kovalivker, uno de los accionistas de la droguería Suizo Argentina investigado por los audios del ex titular de ANDIS Diego Spagnuolo.
La decisión se tomó sin prisión preventiva, luego de encontrar evidencia como mensajes vinculados a un “protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad” en caso de allanamientos, según la resolución a la que accedió Noticias Argentinas.
El juez procesó a De Vicentis por “desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento” con un embargo de dos millones de pesos.
De Vicentis es jefe de Seguridad de Nordelta desde hace once años y según reconstruyó la Justicia el día del operativo estaba de vacaciones pero un guardia de seguridad lo llamó delante de efectivos de la Policía de la Ciudad que habían llegado al ingreso del barrio La Isla, en el complejo privado.
En ese marco, habría desplegado “maniobras dirigidas a crear un escenario de confusión y resistencia para obstaculizar la orden judicial” y así logró frustrar “una parte crucial del procedimiento: la requisa personal (y el secuestro del teléfono de Jonathan Simón Kovalivker)”.
Como prueba se tomaron los mensajes encontrados en su teléfono celular que revelaron “una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad, cualquiera fuera”, remarcó el juez.
En uno de esos mensajes de WhatsApp, De Vicentis instruía a uno de los guardias: “Reitero sea la fuerza de seguridad que fuere, nosotros no tenemos que facilitarle el camino a ninguno” , destaca el fallo.
Al ser indagado en los tribunales de Retiro, De Vicentis no logró justificar por qué intervino en lo que pasaba si estaba de vacaciones.
Según reconstruyeron los investigadores, el jefe de Seguridad comenzó a llamar a todos los guardias, a quienes se les había advertido que no podían usar sus celulares hasta finalizado el operativo.
Los llamó “insistentemente” y “desobedeció ” así la orden dada a sus subalternos de no usar los teléfonos hasta “lograr ser atendido” por uno de ellos, de quien obtuvo “la información sensible que pretendía: que la policía estaba buscando a Jonathan y Emmanuel Kovalivker”.
La investigación
El procesamiento de De Vincentis no es un hecho aislado. Se enmarca en esta causa de dimensiones crecientes y derivaciones aún insospechadas que ya produjo múltiples allanamientos, citaciones y medidas de prueba.
La figura del jefe de seguridad de Nordelta aporta un condimento adicional: se trata de alguien que debía garantizar el orden y la legalidad en uno de los barrios privados más exclusivos del país, pero terminó acusado de haber jugado para el lado contrario.
De ahora en adelante, la investigación se concentrará en establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados y en desentrañar hasta dónde llegaban las conexiones entre empresarios, los funcionarios libertarios y operadores políticos.
Lo que ya es seguro es que el caso golpea tanto a la política de un gobierno que venía supuestamente a luchar contra la corrupción, como también a la credibilidad del sector empresarial de peso, y lateralmente a la imagen de Nordelta, convertido ahora en escenario de maniobras que nada tienen que ver con la tranquilidad y el prestigio que suele vender, y de la que la mitología popular descree, situando esa zona del norte del conurbano bonaerense como un refugio de millonarios ligados a los manejos económicos más turbios del país.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.
Fuente Mendoza Today
