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Las legislaturas de Pedro Sánchez y Salvador Illa, ambas en vía muerta desde prácticamente el momento de la investidura, pasan por Bélgica. Y hasta allí viajará este martes el ‘president’ de la Generalitat para reunirse con el hombre que tiene en su mano que los dos socialistas puedan seguir gobernando o únicamente resistiendo en el poder: el fugado Carles Puigdemont.
Illa, que cuando llegó al cargo, hace poco más de un año, decidió reunirse con todos sus antecesores, dejó en un cajón la cita con el líder de Junts, dado que la imposibilidad de reunirse en Cataluña y la situación procesal de su rival en las urnas convertían la cita en un sinfín de problemas para el mandatario catalán.
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Ahora, doce meses después, con la amnistía aprobada —aunque no aplicable por ahora a su interlocutor— y tras haberse visto en persona con Jordi Pujol, Artur Mas, José Montilla, Quim Torra y Pere Aragonès, el líder del PSC despachará cara a cara con el máximo responsable del referéndum ilegal de 2017, en la oficina comercial que la Generalitat tiene en el barrio europeo de Bruselas. Con Pasqual Maragall, con un estado de salud muy delicado, no hubo reunión, pero sí una visita a su domicilio.
Sobre el encuentro con Puigdemont, que confirmó por sorpresa este lunes por la mañana la oficina de comunicación del Govern, se había especulado mucho a lo largo de los últimos 365 días. Illa, como Sánchez, había manifestado en más de una ocasión que no tenía inconveniente alguno para reunirse con su antecesor. Pero la incomodidad por la foto, principalmente, había ido posponiendo la reunión entre el presidente de la Generalitat y el líder de la oposición en Cataluña, cargo que el fundador de Junts no puede ejercer al no acudir presencialmente al Parlament.
Finalmente, a mediados de este mes de agosto, ante la falta de avances en la aprobación de los Presupuestos del Estado y de Cataluña, así como de la negativa de Junts para avalar reformas legislativas de calado —como la reducción de la jornada laboral impulsada por Yolanda Díaz o la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, con la que el Gobierno pretende otorgar la instrucción a la fiscalía y facilitar el acceso a la carrera judicial—, Illa y Sánchez convinieron que ahora era el momento oportuno de viajar a la capital comunitaria —que no a Waterloo, donde tiene el palacete Puigdemont— y reunirse con él. Rehabilitando así políticamente al prófugo a nivel institucional, como llevan meses exigiendo los de Junts, que no quedaron satisfechos con la foto que les regaló el PSOE —en octubre de hace dos años— tras la visita que le hizo Santos Cerdán en el Parlamento Europeo.
Precisamente fue el encarcelamiento del ex número tres del PSOE, el pasado mes de junio, el que motivó varias reuniones de urgencia en el lugar veraniego de los dirigentes socialistas. A modo de «gabinete de crisis», Sánchez se vio con Illa tras reunirse antes con José Luis Rodríguez Zapatero, también en La Mareta, y conocer el rechazo de Junts a facilitar las cosas. El objetivo de ambas citas no era otro que «hacer un análisis de daños». El expresidente, al que tanto los catalanes como algunos socialistas piden relevar como negociador, debido a su falta de poder orgánico para poder tomar decisiones, se había visto con Puigdemont días antes de su viaje a Lanzarote, por expreso mandato de Sánchez, por lo que tenía todos los elementos para saber qué opinión tenían los independentistas de todo lo que hay sobre la mesa.
En Junts, que piden que esa rehabilitación sea directamente por parte del presidente del Gobierno, dejando así de «mandar a emisarios o intermediarios», aceptan la visita de Illa porque «a diferencia de lo que ha hecho el PSC con el ‘president’ Puigdemont durante muchos años, nosotros sí le respetamos y acudiremos a la llamada». Aunque admiten que «hay poco de lo que hablar» con el presidente catalán, pese a que cada vez tiene más ascendencia sobre Sánchez. De hecho, en Junts, la figura de Illa no es de mucho agrado. En las filas separatistas sentaron bastante mal distintas declaraciones del actual jefe de la Generalitat, tanto en su etapa de ministro de Sanidad como cuando ejercía de jefe de la oposición.
De ahí que las expectativas respecto al encuentro de este martes en la sede del Govern sean bien distintas según se miren desde la óptica de los separatistas o desde la óptica del Palau de la Generalitat y en el Palacio de La Moncloa, que esperan salir de ese deshielo institucional con un horizonte más claro para el desbloqueo de la situación política y, especialmente, de las cuentas públicas. En sus redes sociales, tras conocerse el encuentro, el secretario general de Junts, Jordi Turull, apuntó que «quién tiene hambre, sueña pan».
El papel de los Mossos
Los escoltas que acompañarán a Salvador Illa al encuentro con Puigdemont en Bruselas, pertenecientes a los Mossos d’Esquadra, no podrán detener al expresidente de la Generalitat, debido a que no hay ninguna euroorden activa. El juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, únicamente mantiene la orden de detención en territorio nacional, que habría permitido su arresto en agosto del año pasado, cuando vapuleó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y se escapó de nuevo tras su parlamento en Arco de Triunfo.
El papel de los funcionarios públicos en esta ocasión, según señalan fuentes policiales, será el de «acompañar y proteger al president» y, si se da el caso, «saludar con los honores y el respeto que merece un expresidente de la Generalitat». Por lo que incluso podrían llegar a cuadrarse frente al prófugo que sigue en Bélgica.
Los agentes caminarán junto a Illa hasta el interior de la sala en la que se reunirá con Puigdemont, en un edificio de oficinas donde tiene su sede la Generalitat, muy cerca de la plaza de Schuman. De tal forma que los Mossos se verán cara a cara con el hombre más buscado por la Justicia de nuestro país.
En ocasiones anteriores, como durante la visita de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en octubre de 2023, la líder de Sumar optó por dejar a los escoltas que le acompañaban fuera de las instalaciones para no comprometerles en su condición de funcionarios públicos, aunque fuera de España todo es más complejo y hubieran tenido que requerir la actuación de la policía belga, cosa que no acabó ocurriendo.
Fuente: ABC.
