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El Gobierno se encuentra por estas horas en un punto difícil, sin control de riesgos luego del escándalo de las coimas en la Agencia de Nacional de Discapacidad (ANDIS) que destaparon los audios filtrados de Diego Spagnuolo.
En tal sentido avanzó en una suerte de censura previa para que los medios de comunicación y las redes sociales no puedan difundir los audios tras la aparición de escuchas en las que se oye hablar a la secretaria General de Presidencia Karina Milei.
Para colmo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich pidió a la Justicia que se allane la casa de los periodistas que dieron a conocer los audios, tales como Mauro Federico y Jorge Rial, hecho que la funcionaria no pudo defender el lunes a la noche en una entrevista brindada a La Nación Más.
Desde el Gobierno señalan que se trata de una grave violación a la privacidad institucional, hecho que fue refrendado por un juez con un frondoso prontuario por hechos de acoso sexual y laboral, abuso de poder, incumplimiento de reglamento para la justicia nacional y hasta el uso indebido de recursos públicos.
Tras la decisión del Gobierno y el amparo de la justicia el escándalo estalló a niveles impensados. Sin embargo, ya se había dado un aviso previo de la mano de oficialistas de La Libertad Avanza, en este caso, de Florencia Arietto.
“Hay que citar a los periodistas para que entreguen la fuente. Esa información les llega a ellos y también a narcos y terroristas. Es una cuestión de seguridad de estado; si no lo hacen, cualquier cosa que le pase al Presidente o a Karina será responsabilidad también de ellos”, publicó el pasado domingo la senadora bonaerense libertaria adelantándose a lo que luego vendría y nadie aún lo sospechaba.
Lo que denota a simple vista es que Javier Milei es capaz de caer antes que de soltarle la mano a su hermana y, en segundo lugar, el descontento del Gobierno con el periodismo, ya no en forma de odio e insultos, sino con objetivos claves.
¿Qué dirán hoy los Agustín Laje de la vida que venían sosteniendo que el periodismo nunca había tenido tanta libertad como con el Gobierno de Milei? Ello, sobre todo, teniendo en cuenta que ni los mismos funcionarios pueden resistir el archivo.
Tal es el caso de la mocionada Bullrich que en el 2014 denunciaba atropello a la libertad de expresión por el allanamiento a las oficinas del medio La Brújula 24 en el marco de la difusión de escuchas que complicaban a la justicia por su relación con el narco Juan Suris.
“El allanamiento ordenado contra el medio de Bahía Blanca, La Brújula 24, es un claro acto de censura, que afecta directamente a derechos que se encuentran protegidos por nuestra Constitución Nacional”, sostenía por entonces la ministra. Parece que se convirtió en lo que decía odiar.
En fin. Hay un hecho, preocupante, que se está pasando por alto, que lo dejó muy en claro el periodista Martín Carrizo, y es que quien se encarga de la seguridad de la Casa Rosada es la Casa Militar que depende de la Secretaría General de Presidencia que comanda, justamente, Karina Milei.
Es decir que la filtración de audios y el supuesto complot para hacer caer el Gobierno, según lo denunciado por el propio Milei, es responsabilidad de la funcionaria que dice que hubo una violación a la privacidad institucional. Toda una paradoja.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.
Fuente Mendoza Today
