Durante el mandato del presidente Javier Milei se han realizado diversas maniobras para que la opacidad en la gestión pública sea la norma. La limitación al acceso a la información pública es de hecho un dato alarmante que va en línea con lo descripto.
Pero lo que llama a realizar la presente columna es peor, porque ahora, la ministra Patricia Bullrich utilizó como excusa la Seguridad Nacional como herramienta para proteger a los funcionarios salpicados o directamente acusados de corrupción.
Lo hizo mediante un video publicado en redes sociales, en donde compara al periodismo con el terrorismo y en el que hace alusión a la operación “Santiago Maldonado” para comparar aquel caso (incomparable) con la filtración de audios.
Utilizar una excusa de esta índole no hace más que avasallar el republicanismo del que incluso la misma ministra de Seguridad Nacional hace referencia en el mencionado corto, limitando los controles pertinentes en materia de transparencia.
Es que hay que decirlo: el Gobierno quedó desnudo ante las sospechas (ya prácticamente confirmadas) de corrupción. Solo puede acudir a maniobras tendientes al ocultamiento de información ante la catarata de audios y elementos probatorios que puedan aparecer en el corto y largo plazo.
Nadie del Gobierno puede desmentir los audios, ni la corrupción, ni las coimas, ni siquiera el involucramiento de la hermana del presidente Karina Milei. Solo puede intentar frenar el derrame de información al respecto.
Ello habla no solo del nerviosismo que por estas horas invade la Casa Rosada, sino además del proteccionismo que se le otorga a los funcionarios señalados por los graves casos de corrupción destapados luego de la difusión del primer audio en el que el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo relata una maniobra de recaudación ilegal.
Desde el Gobierno Nacional no hacen más que aludir a la filtración de audios ilegales y a operadores de prensa sin caer en cuenta que las grabaciones fueron hechas por alguien propio. “No es lo que importa”, sostiene Bullrich al respecto.
Pero sí, porque evidencia, además, que hay una fuerte interna que promete llevarse puesto a más de un funcionario. Es decir, el hecho presuntamente ilegal de realizar grabaciones lo hizo alguien del propio Gobierno.
Hoy desde la administración Milei siguen con la duda de quién pudo haber realizado las escuchas. Nadie tiene ninguna certeza al respecto, mucho menos quien se encargó de la difusión, por ello solo pueden atinar a apuntar al periodismo.
La desesperación es total y, en la misma, solo pueden atinar a recurrir a argumentos irrisorios y fundamentos conspiranoicos para tratar de mermar las aguas, algo que difícilmente, sin control de riesgos, logren conseguir.
Justamente es por ello mismo que se explica solo. Nadie puede negar en sí el acto denunciado. Nadie puede justificarse porque el hecho tal como está planteado y dejan entrever desde Casa Rosada, sí existió. El resto es puro maquillaje.
Fuente Mendoza Today
