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En la Legislatura de Mendoza apareció un proyecto que, más que jurídico, parece una invitación a un seminario de filosofía política. El diputado Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) presentó una iniciativa para que la naturaleza sea reconocida como “sujeto de derechos”, una categoría que, hasta ahora, parecía reservada para personas. O, en todo caso, para empresas.
El texto asegura que esta innovación legal busca “cambiar de raíz” la relación entre sociedad y ambiente, y se apoya en antecedentes internacionales como la Constitución de Ecuador, que en 2008 ya dio el salto de reconocer a la Pachamama como titular de garantías jurídicas.
La propuesta mendocina no se queda atrás: plantea que la naturaleza tiene derecho a existir, regenerarse y ser restaurada cuando la actividad humana la daña. Además, propone crear una Defensoría de la Naturaleza, con autoridades elegidas por voto popular, para que ciudadanos y organizaciones puedan denunciar cualquier vulneración. Una suerte de fiscalía ecológica, pero con boleta electoral.
“Reconocer a la naturaleza como sujeto con dignidad propia es una medida jurídica, ética y política que permite avanzar hacia otro modelo de civilización”, sostiene Fugazzotto en los fundamentos. La pregunta que sobrevuela es si, llegado el caso, un glaciar podrá presentarse en tribunales con patrocinio letrado o si será la sociedad civil la que actúe en su nombre.
El trasfondo es serio: la crisis climática obliga a repensar los marcos normativos, y este proyecto se inscribe en esa línea. Pero el debate abre un costado inevitablemente filosófico: ¿puede la naturaleza ser sujeto de derechos o sigue siendo un objeto de tutela humana?
En definitiva, la Legislatura mendocina tendrá que decidir si esta iniciativa es un salto de conciencia ecológica o una sobredosis de idealismo verde.
Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.
Fuente Mendoza Today
