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Por Daniel Romero
Buenos Aires, 3 de octubre de 2025 — Total News Agency-TNA —La candidatura de Juan Grabois a diputado nacional por Fuerza Patria para las elecciones legislativas del 26 de octubre transcurre en paralelo a un proceso judicial que lo tiene en el centro de un escándalo de magnitudes millonarias. La paradoja, difícil de pasar por alto, es que mientras se erige como fiscal moral de la campaña apuntando contra José Luis Espert por un vínculo económico que éste no puede explicar con claridad, su propio expediente por el manejo del Fondo de Integración Socio Urbana permanece en un letargo llamativo, sin avances significativos y con escasa repercusión mediática.
La causa comenzó en febrero de 2024, cuando medios nacionales revelaron inconsistencias en la ejecución de obras financiadas por el fideicomiso y denunciaron que la mayoría de los proyectos no habían sido finalizados, pese a la enorme erogación de recursos. Un documento interno llegó a registrar gastos por US$ 1.244 millones, cifra que, lejos de haber sido desmentida con pruebas contables firmes, quedó como un eje acusatorio en el proceso. El propio Grabois, apenas días después de la publicación de las primeras notas, buscó desligarse del fondo, asegurando que no había sido funcionario responsable directo. Buscaba asi echar la responsabilidades sobre Fernanda Miño, de estrecha relacion con él y a quien habria “manejado” intelectualmente a su antojo.
Las auditorías posteriores confirmaron que apenas un porcentaje menor de las obras informadas estaban terminadas. Ese escenario derivó en una decisión política clave: el 8 de mayo de 2025, el Gobierno firmó el Decreto N.º 312/2025, mediante el cual disolvió el FISU, argumentando “fallas de gestión y falta de transparencia”. La medida oficial no solo implicó el cierre administrativo del fondo, sino que también dejó pendiente el juzgamiento de responsabilidades de gestión y la rendición de cuentas por los recursos pendientes, lo que agiganta las dudas sobre la falta de resolución judicial.
En paralelo, Grabois reforzó su exposición pública. Prometió liberar a Cristina Kirchner, acusó a la Corte Suprema de ser “un tribunal de delincuentes” y denunció maniobras para frenar pedidos de extradición en otras causas resonantes. La agresividad de su discurso lo consolidó como outsider, pero no lo liberó del dilema judicial que lo acompaña. Más aún, el avance de la campaña expone el contraste entre su rol acusador en la escena política y la lentitud de los tribunales para clarificar las imputaciones en su contra.
Las demoras judiciales se explican en gran parte por los constantes traslados de la causa, los cuestionamientos de competencia entre juzgados y la estrategia defensiva de alegar falta de notificación formal. A ello se suman las dificultades técnicas de las pericias contables, que deben rastrear fondos distribuidos a decenas de organizaciones. El resultado es un expediente que, pese a su volumen y trascendencia, avanza a un ritmo que desentona con la magnitud del dinero comprometido y la gravedad de las acusaciones.
Mientras tanto, Grabois cerró acuerdos con sectores del peronismo tradicional para garantizar su lugar en las listas, aunque mantiene un discurso de independencia. Esa doble estrategia lo sostiene en la disputa electoral, pero también lo expone a un escrutinio simultáneo: el de las urnas y el de la justicia. Que la causa no tenga espacio central en la agenda pública, justo en el momento en que el dirigente gana visibilidad electoral, revela tanto la lentitud del sistema judicial como el sesgo selectivo de la atención mediática.
La curiosa decision de Sebastian Pareja de disolver el FISU.
Sebastián Pareja asumió como responsable del área de Integración Socio Urbana bajo el gobierno de Javier Milei, con la tarea de auditar y reordenar el funcionamiento del FISU. En declaraciones públicas sostuvo que los fondos fiduciarios siempre estuvieron sometidos a múltiples controles institucionales y externos (colegios de arquitectos, abogados, organismos de control), y que no había hallado evidencia de irregularidades durante la gestión previa de Fernanda Miño. Asimismo, llegó a elogiar el funcionamiento de la Secretaría que Miño dirigía: “Si no fue la única Secretaría que funcionó durante el gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo”, afirmó. Al parecer la justicia no opina lo mismo, la causa sigue, a pesar de su lentititud.
Pareja también afirmó haber revisado los balances que, según Grabois, ya eran avalados por él, ya que Grabois mismo ha remarcado que Pareja dijo que todos los balances estaban bien y que no detectó anomalías. En ese contexto, cuando Grabois denunció una campaña de desprestigio sobre el fondo fiduciario, destacó que Pareja no habría objetado publicamente aquellos balances. Sin duda Pareja fue un importante aval para Grabois. Dos fuentes aseguraron a Total News Agency que parte del armado de Pareja en Buenos Aires tuvo colaboracion de Grabois.
Sin embargo, esta versión oficial ha sido cuestionada desde otros sectores. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lo acusó de bloquear auditorías al FISU y de mantener una alianza con Grabois, señalando que Pareja habría impedido el acceso de su equipo a los datos del fondo. Las críticas internas revelan tensiones políticas en el mismo oficialismo respecto del manejo y la transparencia del fideicomiso. Finalmente es Grabois quien denuncia a Espert.
