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La pesadilla de una propietaria madrileña: un año de amenazas, querellas falsas y ruina económica por una inquilina morosa
Madrid, 20 de octubre de 2025 — Total News Agency-TNA--La historia de Jacqueline Guillén refleja con crudeza las grietas de un sistema que deja a los propietarios desamparados frente a la ocupación y los abusos legales. Lo que comenzó como un gesto solidario hacia una amiga paraguaya, terminó convirtiéndose en una pesadilla de más de 20.000 euros de pérdidas, querellas infundadas y un año de vida en el sofá de una amiga, medicada con antidepresivos y sedantes.
De un favor a una tragedia personal
Jacqueline, residente en Londres, decidió alquilar un pequeño bajo de su propiedad en el distrito de Hortaleza a Petronila, una mujer paraguaya a la que consideraba “como de la familia”. En un principio, el alquiler era de 850 euros mensuales, pero la inquilina dejó de pagar en otoño de 2024, apenas un año después de iniciar el contrato.
“Me tiene frita a denuncias, me amenaza, me injuria, y llevo un año durmiendo en el sofá de una amiga, de prestado”, confesó Jacqueline, que ha recibido mensajes ofensivos incluso dirigidos a su madre, en los que la acusaban falsamente de prostitución y persecución.
Lejos de buscar una solución, Petronila presentó dos querellas y una demanda contra la propietaria, además de recibir el apoyo del Sindicato del Barrio de Hortaleza, que envió un correo electrónico acusando a Jacqueline de atentar contra el “derecho a la vivienda”.
El abuso del sistema y la impunidad legal
Pese a reconocer públicamente que el inmueble no contaba con cédula de habitabilidad —un dato conocido por la inquilina—, Jacqueline subraya que esa condición no habilita a Petronila a apropiarse del inmueble ni a vivir gratuitamente en él.
“Lo hace para ralentizar el proceso judicial. Adónde son capaces de llegar los delincuentes que aprovechan estas leyes injustas para robarnos y vivir a costa de nuestro dolor”, expresó la víctima, denunciando que el sistema permite a los okupas “denunciar por acoso o agresión a quienes solo quieren recuperar su casa”.
El caso se agrava por la inacción judicial y la vulnerabilidad del propietario, una constante en los conflictos por ocupación o impago. Petronila logró un informe municipal de vulnerabilidad, lo que paralizó temporalmente el desalojo, mientras Jacqueline sigue afrontando hipoteca, comunidad y gastos legales sin recibir un solo euro de alquiler.
Un chantaje intolerable
El último golpe llegó cuando Petronila le exigió 5.600 euros a cambio de entregar las llaves y de que la propietaria retirara las acciones judiciales.
“Me ha destrozado la vida. Lo último es que me pide 5.600 euros para entregar las llaves y tengo que retirar todo el proceso. Si no, dice que va a seguir haciendo todo lo posible para quedarse en mi casa”, lamentó Jacqueline.
La mujer vive ahora en paro, endeudada y bajo tratamiento médico, mientras su antigua amiga disfruta del inmueble con su hijo, que llegó de Paraguay y permanece empadronado en la vivienda para acceder a beneficios sociales.
“Estas leyes injustas convierten a la clase media en indigentes”, concluyó la víctima, que asegura haber perdido su salud, su tranquilidad y su patrimonio.
Una víctima de la burocracia y el abuso legal
Jacqueline Guillén simboliza el drama silencioso de muchos propietarios que terminan desprotegidos por un entramado normativo que permite a los inquilinos morosos ocupar durante meses o años sin pagar, amparándose en resquicios legales o informes sociales.
Su caso no solo expone una injusticia judicial y social, sino también una creciente sensación de impunidad que mina la confianza en el derecho de propiedad privada y empuja a cientos de familias a la desesperación.
Fuentes consultadas: ABC, reportes municipales de Madrid, testimonios directos de la víctima.
