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Buenos Aires, 21 de octubre de 2025-Total News Agency-TNA-.–El Ejecutivo nacional dio luz verde a las normativas aprobadas por el Congreso que declaran la emergencia en salud pediátrica y establecen el financiamiento para las universidades públicas, aunque condicionó su entrada en vigencia a que el Parlamento precise las fuentes de recursos y las incorpore al presupuesto general.
Estas medidas, ratificadas por los legisladores el 2 de octubre luego de rechazar los vetos presidenciales de Javier Milei, siguen el mismo camino que la ley de emergencia en discapacidad, cuya implementación también fue diferida por idénticos motivos financieros.
A través de los decretos 759/2025 y 760/2025, difundidos en el Boletín Oficial, se formalizaron las leyes 27.795 y 27.796. No obstante, el Gobierno enfatizó que no se asignarán fondos hasta que el Congreso resuelva el origen de las partidas presupuestarias, invocando el artículo 5° de la ley 24.629 sobre ejecución del gasto público.
En septiembre pasado, al promulgar la norma sobre discapacidad mediante el decreto 681/2025, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya había advertido que el Legislativo no había especificado cómo cubrir los costos implicados.
Ahora, la administración mantiene esa línea para las nuevas leyes y propone que sea el Presupuesto 2026 el instrumento para incrementar los recursos necesarios.
Ley de financiamiento universitario
La ley 27.795 apunta a sostener el sistema de educación superior pública, con énfasis en la recomposición salarial de docentes y no docentes, así como en el fortalecimiento de becas para estudiantes.
Entre sus disposiciones, obliga al Ejecutivo a destinar fondos al programa Desarrollo de la Educación Superior para promover el ingreso, permanencia y egreso de alumnos, además de invertir en tecnología, investigación, extensión y capacitación docente. Incluye actualizaciones salariales basadas en el Índice de Precios al Consumidor y la integración de sumas no remunerativas a los básicos.
De acuerdo con estimaciones oficiales, su ejecución demandaría alrededor de 1,07 billones de pesos en 2025, escalando a más de 2 billones en 2026. Sin embargo, queda en stand-by hasta que el Congreso defina el financiamiento y lo incluya en el presupuesto, so pena de incompatibilidad legal y posibles responsabilidades administrativas, según la Procuración del Tesoro.
Ley de emergencia pediátrica
La ley 27.796 instituye la emergencia sanitaria en salud infantil y en las residencias de profesionales de la salud por un período de un año, con el objetivo de asegurar atención equitativa y de calidad en servicios pediátricos.
Incluye medidas para el óptimo funcionamiento de hospitales especializados, el refuerzo de residencias médicas y la mejora salarial del personal sanitario, con incentivos y beneficios impositivos para roles críticos. Designa al Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan como referencia nacional en alta complejidad.
Su impacto fiscal se calcula en 196.270 millones de pesos, con fondos que se reasignarían del presupuesto del Ministerio de Salud y reservas para emergencias. El decreto, empero, señala que esto no representa una fuente concreta ni adecuada, dado un déficit ministerial de 102.400 millones de pesos. Aplicarla sin claridad podría afectar programas clave, como la distribución de medicamentos o la prevención de enfermedades transmisibles.
Por esa razón, se suspende su vigencia hasta que el Congreso establezca recursos precisos en el presupuesto. Además, se objeta la pretensión de derogar la resolución 2109/2025 del Ministerio de Salud, argumentando que invade competencias ejecutivas y contraviene la separación de poderes.
Fuentes consultadas: Boletín Oficial de la República Argentina, Decreto 759/2025, Decreto 760/2025, Decreto 681/2025, Ley 27.795, Ley 27.796, Ley 27.793, Ley 24.629.
