La reunión de La Moncloa la noche del 29 de octubre sin los órganos sucesivos de crisis
Madrid, 29 octubre-Total News Agency- (TNA) —Hace un año, la devastadora DANA 29‑Octubre 2024 arrancó la vida de 237 personas y dejó una estela de destrucción en la provincia de Valencia y en al menos otras 15 provincias de seis comunidades autónomas.
Tras la catástrofe, el Gobierno que preside Pedro Sánchez se reunió esa misma noche en las dependencias del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), sin convocar a ninguno de los órganos que la ley contempla para la gestión de crisis. No se levantaron actas y la directora de la DSN, la general Loreto Gutiérrez Hurtado —aún presente físicamente en el edificio— no fue invitada.
Una convocatoria a la medida
La norma vigente estipula que ante una crisis de tal magnitud deben convocarse el Consejo de Seguridad Nacional o el Comité de Situación, instancias colegiadas, con participación técnica del DSN, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del JEMAD y de los gobiernos autonómicos afectados.
Sin embargo, el Ejecutivo optó por un “comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la DANA en el litoral mediterráneo y Albacete”, presidido por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; asistieron únicamente tres ministros —Félix Bolaños (Presidencia), Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande‑Marlaska (Interior)—, un secretario de Estado y se conectaron por videollamada dos autoridades más. No hubo perfiles técnicos, ni carácter colegiado, ni actas oficiales de la reunión.
Consecuencias de la decisión
Al no convocarse los órganos competentes, se evitó la exigencia legal de levantar actas, de contar con participación técnica interna y de integrar a los gobiernos autonómicos y locales en la instantánea decisoria. Ese vacío procesal, un año después, sigue generando preguntas sobre la adecuación de la respuesta del Ejecutivo central ante una catástrofe de alcance nacional.
“Hoy no es el día para la confrontación”, respondió el presidente Sánchez al ser interpelado sobre este episodio en el Congreso de los Diputados, y añadió que “el Gobierno estaba listo para asistir en cuanto fuese necesario”.
El desafío pendiente: reglas, competencias y rendición de cuentas
El artículo que regula las emergencias y la seguridad nacional prevé que los órganos reglados analicen escenarios de crisis, integren recursos, coordinen la actuación de los distintos poderes competentes y eleven al Consejo de Seguridad Nacional la declaración de “situación de interés”.
Al prescindir de ese mecanismo, el Gobierno optó por improvisar un formato a su gusto que dejó fuera tanto a la directora de la DSN como a los órganos que la ley consideraba pertinentes. En su lugar se instauró una estructura que no estaba prevista legalmente y cuyas decisiones no quedaron registradas formalmente.
Un año después, el balance sigue marcado por el dolor y la reconstrucción, pero también por la falta de explicaciones transparentes sobre cómo fueron adoptadas aquellas decisiones clave en la gestión de la emergencia.
Fuentes consultadas:
ABC
