Mario Vadillo sobre el aumento del boleto: “Ganan las elecciones y te suben el colectivo”

El abogado Mario Vadillo, referente en Defensa del Consumidor, analizó en detalle la reciente suba del boleto del transporte público en Mendoza y advirtió que el ajuste “no tiene ninguna justificación técnica ni económica”.

“De manual: ganan las elecciones y te suben el colectivo. Es un aumento político, no técnico. El Gobierno utiliza la tarifa del transporte como un mecanismo de transferencia encubierta hacia las empresas, en un sistema sin control ni transparencia”, afirmó Vadillo.

Una tarifa que crece tres veces más que los costos reales

Entre julio de 2023 y noviembre de 2025, el boleto urbano aumentó 1.900 %, mientras que el salario básico de los choferes subió 358 %, el precio del diésel lo hizo 481 % y la inflación general fue del 320 %.
“Con estos números, no hay ecuación posible que justifique semejante salto. Los insumos más importantes crecieron cuatro veces menos que la tarifa”, explicó Vadillo.

Según los estudios técnicos del Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), los costos se componen de la siguiente manera:

• Personal (salarios y cargas sociales): 38,02 %
• Combustible, electricidad y lubricantes: 20,44 %
• Mantenimiento: 15,57 %
• Amortización, inversión y rentabilidad: 9,88 %
• IVA y crédito fiscal: 7,49 %
• Impuestos menores: 4,34 %
• Otros gastos operativos: 4,26 %

“Más del 58 % del costo del kilómetro se explica por variables fácilmente medibles: salarios y combustible. Sin embargo, la tarifa crece muy por encima de estos indicadores. La diferencia es rentabilidad garantizada para las empresas, no un equilibrio económico”, subrayó.

Un sistema sin control y con subsidios millonarios

De acuerdo con el EMOP, el costo técnico real del viaje por pasajero asciende a $2.912,43. El usuario paga $1.200, y la diferencia —más de $1.700 por boleto— se cubre con fondos públicos provenientes de impuestos provinciales, como Ingresos Brutos, Automotor e Inmobiliario, e incluso de la factura eléctrica.

“Cada mendocino paga su viaje dos veces: una al subir al colectivo y otra con sus impuestos, use o no el servicio. Es una doble carga que vulnera los principios de trato digno e información veraz de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor”, señaló Vadillo.

Durante 2025, el sistema absorberá más de $200.000 millones en subsidios sin control público ni correlación con mejoras en el servicio. “El EMOP no publica balances ni auditorías. No se sabe cuántos kilómetros se recorren, cuántos pasajeros se transportan ni cómo se distribuyen los fondos”, agregó.

Flota envejecida y sin fiscalización

El especialista recordó que el Decreto 1512/18 de la Ley 9086 exige que las unidades urbanas tengan una antigüedad máxima de 10 años, pero la mayoría de los colectivos que circulan en Mendoza superan los 12 o 15 años.

“Mendoza incumple la norma, con vehículos que deberían estar fuera de circulación. Eso no solo aumenta el consumo y los costos, sino que también compromete la seguridad de usuarios y choferes. El año pasado hubo incendios, roturas y hasta víctimas”, remarcó.

Vadillo también cuestionó la falta de transparencia institucional: “El EMOP concentra toda la información del sistema, pero no la publica. Sin acceso a los datos, la tarifa deja de ser un cálculo económico para transformarse en una decisión política. Es un precio impuesto, no explicado”, sostuvo.

Además, planteó que el modelo actual “no premia la eficiencia, sino la dependencia de subsidios”. Y añadió: “El Estado garantiza el flujo de dinero, las empresas no arriesgan nada y el usuario financia un sistema que no mejora ni rinde cuentas”, indicó.

“El transporte mendocino atraviesa una crisis de legitimidad técnica y ética. El boleto no se basa en los costos reales, sino en conveniencias políticas. El Gobierno ajusta después de las elecciones, sin control y sin auditorías. Eso no es un servicio público: es un negocio con subsidio estatal”, sentenció Vadillo.

Por último, concluyó: “El desafío urgente es devolverle racionalidad y transparencia al sistema. El transporte debe volver a ser un servicio para la gente, no una caja para las empresas.”

Este artículo se publicó primero en Mendoza Today.

Fuente Mendoza Today