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Madrid, 7 noviembre 2025 – Total News Agency-TNA-El Ejecutivo de Pedro Sánchez afronta un serio test de estabilidad tras la decisión de Junts per Catalunya (JxCat) de bloquear la acción legislativa del Gobierno, ante lo cual en La Moncloa optan por una estrategia de contención y paciencia.
La ruptura abierta por los posconvergentes, que poseen los siete votos clave en el Congreso, abre una fase de alta tensión parlamentaria que pone en entredicho la capacidad del Gobierno para sacar adelante sus principales proyectos, incluidos los presupuestos generales y numerosas leyes de alcance.
Desde la sede del Gobierno se considera el movimiento de Junts más como un gesto defensivo que como un intento inmediato de derribar al Ejecutivo. Según fuentes internas socialistas, la formación liderada por Carles Puigdemont busca tensionar su espacio político en Cataluña ante el ascenso de Aliança Catalana, y al mismo tiempo ejercer de presión hacia el PSOE para forzar compromisos pendientes. En este marco, la orden desde el despacho del presidente es evitar cualquier confrontación pública directa que pueda erosionar al partido aliado, lo que supone un giro notable respecto a etapas anteriores de mayor dureza.
La senda hacia el bloqueo se ha consolidado en los últimos días. El pasado jueves la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, anunció en rueda de prensa que la formación registrará enmiendas a la totalidad de todas las iniciativas del Gobierno que aún están en tramitación, lo que incluye tanto leyes como reales decretos. Con esta jugada, el Gobierno perderá, de facto, la mayoría necesaria para aprobar gran parte de su agenda parlamentaria. Se estima que más de 50 proyectos podrían quedar en un limbo hasta lograr otro acuerdo.
Paralelamente, un análisis del impacto en fondos europeos concluye que el bloqueo pone en riesgo partidas por más de 21.000 millones de euros vinculadas al marco de los fondos Next Generation, cuya aprobación depende de la promulgación de varias leyes ahora en el aire.
En el PSOE y en el Ejecutivo se interpreta que Junts no persigue por el momento una moción de censura —y así lo han asegurado sus interlocutores— sino más bien obligar a Sánchez a reordenar su posición y abrir nuevos canales de negociación. De ahí que Moncloa haya optado por mantener la mano tendida públicamente y emitir discursos de calma, mientras internamente se preparan dos frentes: uno técnico, para intentar sortear el bloqueo con negociaciones bilaterales ley a ley; otro político, para analizar posibles escenarios de adelanto electoral si la parálisis se prolonga y el desgaste del Gobierno se intensifica.
En clave catalana, el trasfondo palpable es la presión de Junts para reafirmarse frente a la competencia interna generada por Aliança Catalana, que según los observadores crece en intención de voto y amenaza convertirse en alternativa de acto. El bloque independentista ha leído que la irrupción de un rival más radical y eficaz puede acelerar su propio desgaste, de modo que el pulso al Gobierno central se convierte en un instrumento de movilización interna.
Para el Gobierno, esta situación plantea al menos tres riesgos simultáneos. Primero, el imparable efecto dominó de legislaciones rechazadas que paralicen proyectos clave —desde la ley de industria hasta la de movilidad sostenible— con consecuencias directas en la recaudación, la inversión y los compromisos europeos. Segundo, el desgaste reputacional: si se demuestra que la mayoría de coalición no sirve para gobernar con eficacia, crece la narrativa de ingobernabilidad. Y tercero, el factor temporal: la militancia de Junts ratificó la ruptura con un 86 % de votos, lo que demuestra que la decisión es interna y anticipa que será duradera si no hay reacomodamientos.
Por ahora, el Ejecutivo apuesta por seguir adelante semana a semana, confiando en que otros socios puntuales puedan aportar los apoyos necesarios. Pero fuentes gubernamentales reconocen que el margen de maniobra es cada vez más estrecho, y que un fallo mayúsculo —como no aprobar los presupuestos o perder un debate clave— podría precipitar un escenario de convocatoria electoral adelantada.
En definitiva, el Gobierno se encuentra atrapado entre la necesidad de gobernar y la dependencia de unos apoyos que, hasta ahora, han mostrado que pueden retirarse en bloque cuando lo consideren. El efecto inmediato es una legislatura en “stand by” que necesitará de un nuevo impulso político para recuperar el ritmo y evitar la consolidación de la parálisis.
